Un decreto presidencial ha encendido una de las mayores tensiones fiscales del país. El Gobierno ordenó que los fondos privados de pensiones trasladaran cerca de $5 billones a Colpensiones, el régimen público, para cubrir el pago de pensiones de quienes migraron hacia el sistema estatal tras la reforma pensional de 2024. El plazo era apenas de ocho días, y eso causó inmediata controversia legal y financiera.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, hace una aclaración matemática que suena tranquilizadora a primera vista: según sus cálculos, los nuevos cotizantes en el régimen público aportarían alrededor de $600.000 millones anuales, mientras que el costo de las pensiones de quienes se trasladaron sería de unos $450.000 millones al año. Eso deja un excedente teórico de $150.000 millones. Pero ahí está el verdadero problema: cada peso que se transfiere a Colpensiones se convierte en liquidez inmediata para las cuentas del Gobierno Nacional. En otras palabras, dinero en efectivo que el Estado podría usar para cubrir sus gastos del día a día en lugar de guardarlo para las pensiones futuras.

La preocupación es más seria cuando entiendes la crisis demográfica del sistema. Actualmente se necesitan ocho personas cotizando para financiar una pensión mínima, pero apenas hay cinco cotizantes por cada pensionado. Eso pone en duda cualquier modelo a largo plazo. Para comparar la magnitud: el costo anual del régimen público de pensiones equivale a todo lo que el país recauda con el IVA en un año, aproximadamente $70 billones.

Los fondos privados y demandantes argumentan que la ley ordena que estos recursos sean ahorrados para garantizar el pago futuro de las mesadas, no utilizados para resolver necesidades fiscales de corto plazo del Gobierno. Han presentado 12 demandas ante tribunales, incluyendo una acción de tutela y denuncias de Asofondos y fondos como Skandia, Porvenir, Protección y Colfondos. El Consejo de Estado acogió parcialmente estos reclamos y suspendió la transferencia de $20 billones de afiliados que aún no han cumplido edad de jubilación, aunque permitió avanzar con $5 billones de quienes ya consolidaron su derecho a pensión.

Las demandas cuestionan que el decreto haya ido más allá de lo que una ley permite. Acusan al Ejecutivo de "exceso de potestad reglamentaria" (es decir, de reescribir la ley en lugar de solo reglamentarla), de buscar liquidez inmediata a costa de cambiar las reglas de administración de ahorros, y de intentar asegurar flujos financieros antes de que la Corte Constitucional se pronuncie definitivamente sobre la reforma pensional.

El Gobierno no se rinde. Los ministerios de Trabajo y Hacienda, junto con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, presentaron un recurso de súplica ante el Consejo de Estado para revertir la suspensión y permitir el traslado completo de $25 billones. El Ejecutivo defiende que la medida es legal y necesaria para implementar la reforma pensional.

Lo que está en juego es claro: si el Gobierno logra acceso inmediato a esos $25 billones, tendrá dinero fresco para pagar gastos actuales, pero el régimen público de pensiones quedaría más vulnerable a futuro. Si prevalecen los demandantes, los ahorros seguirán en los fondos privados generando rendimientos, pero Colpensiones enfrentará desafíos de liquidez. El litigio continúa y la respuesta final podría redefinir cómo se administra el dinero pensional en Colombia.