Mientras Colombia intenta recuperarse de una ola invernal que dejó 69.000 familias damnificadas y daños estimados en 8 billones de pesos, en Cartagena ocurre un pulso económico entre la Casa de Nariño y los bancos. El punto de encuentro: cómo repartir la factura de la crisis y quién ayuda a los afectados.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó esta semana que en las mesas de trabajo con banqueros salieron propuestas concretas para aliviar a los damnificados. Los bancos ofrecen periodos de gracia de hasta doce meses sin cobro de intereses para las deudas ubicadas en zonas afectadas, manteniendo intacta la calificación crediticia de quienes piden el respiro. También plantean suspender cobros de tipo legal (los que hace un abogado cuando el deudor no paga) y crear programas de educación financiera. Suena bien, pero el Gobierno dice que no es suficiente.

El Ejecutivo abrió un segundo frente más delicado: las tasas de interés que pagan los colombianos de a pie. Hoy mismo, un campesino que pide un crédito agrario paga una tasa cercana al 30 por ciento anual. Sin la intervención del Banco Agrario, esa tasa se dispararía hasta el 50 por ciento. Pero la situación es aún más cruda en la economía popular no agrícola: las tasas promedio alcanzan el 52,5 por ciento. El ministro calificó esto como "tasas inmanejables" para pequeños empresarios y comerciantes. Lo irónico es que el Fondo Nacional de Garantías respalda hasta el 90 por ciento del riesgo en estos créditos, lo que significa que los bancos están cobrando tasas altísimas aunque sus riesgos sean muy bajos.

Aquí es donde entra en juego la otra cara de la moneda: las ganancias extraordinarias de los bancos. En 2024, los establecimientos de crédito ganaron 8,7 billones de pesos. Un año después, en 2025, esas ganancias saltaron a 17,7 billones. Es decir, sus utilidades se duplicaron en un año, impulsadas principalmente por esas tasas de interés tan altas que cobran a los clientes. El Gobierno decidió gravar estas ganancias con un impuesto al patrimonio empresarial: 0,5 por ciento general para empresas, pero 1,6 por ciento para financieras y minero-energéticas. De este nuevo tributo, el Gobierno espera que el 56 por ciento de lo recaudado venga de estos sectores.

El Gobierno también plantea un tercer tema que apunta más allá de la emergencia actual: vincular el crédito bancario a la reforma agraria. Quieren que los bancos financien de manera más activa la entrega de tierras y la generación de crédito para nuevos propietarios. Esto significa que el sector financiero tendría que jugar un papel más protagónico en la redistribución de tierras, algo que hasta ahora recaía principalmente en el Banco Agrario.

El debate se sintetiza en una pregunta incómoda para los bancos: si sus ganancias se multiplicaron mientras los colombianos comunes pagan intereses imposibles de pagar, ¿no deberían contribuir más en una crisis nacional? El presidente Gustavo Petro lo planteó en redes sociales diciendo que "este crecimiento de las utilidades no se debe al crecimiento económico real sino al alza de intereses". El Minhacienda advirtió que el diálogo continuará y que el Gobierno evalúa otros mecanismos financieros adicionales. Por ahora, la conversación entre Gobierno y banca no se cierra con la emergencia invernal, sino que abre un debate más profundo sobre el rol del sistema financiero en el país.