Después de negociar durante más de una docena de reuniones, el Gobierno desistió de obligar a los bancos a invertir su dinero en zonas de emergencia. En su lugar, llegó a un acuerdo con el sector financiero para crear el programa Abrigo, que movilizará 5,2 billones de pesos en créditos adicionales. La meta es beneficiar a 2,1 millones de personas en Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, regiones devastadas por las lluvias recientes.

El programa tiene dos frentes. El primero ofrece alivios inmediatos a quienes están inscritos en el Registro Único de Damnificados. Estos deudores podrán congelar sus deudas por hasta 12 meses sin acumular ni un peso en intereses. Además, mantendrán limpio su historial crediticio, no aparecerán reportados negativamente ante los bancos que venden información sobre pagadores morosos, y se detienen inmediatamente los cobros jurídicos. La Superintendencia Financiera supervisará que esto se cumpla y desde ahora los bancos deben atender a los afectados en canales especiales.

El segundo frente es la reactivación económica. Aquí es donde entra la mayor cantidad de dinero: 2,1 millones de créditos nuevos para productores de las zonas afectadas. Esto representa un salto de 15% comparado con los 1,8 millones que normalmente se prestan en esa región. Los créditos priorizarán turismo, agricultura e industria, donde se espera crecer al menos 20%.

Para que los créditos sean más accesibles, el Gobierno Nacional respalda aproximadamente 10% de las operaciones. Esto significa 210.000 garantías del Fondo Nacional de Garantías que cubrirán hasta 90% del riesgo de no pago, y 150.000 créditos productivos con líneas de financiamiento de Bancóldex. Cuando la garantía supera 90%, la tasa de interés no excederá el IBR más 6 puntos porcentuales. En términos prácticos, esto reduce significativamente lo que un empresario o agricultor pagará de más en el banco.

El programa también abrirá una línea especial para comunidades organizadas en cooperativas o asociaciones que quieran reactivar la economía local de forma colectiva. Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, consideró que Abrigo "no solo les dice a los damnificados que sus deudas pueden esperar sin que les cueste un solo peso en intereses, sino que traza desde ya la ruta de la recuperación económica de la zona con más crédito, más enfocado en lo productivo y en mejores condiciones".

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que aunque evaluaron obligar a los bancos a invertir en la región, las negociaciones revelaron que este acuerdo voluntario era mejor camino. "Es imperante garantizar la reactivación post emergencia", señaló, argumentando que las familias afectadas necesitaban acceso a créditos en condiciones favorables para iniciar un nuevo ciclo económico. El acuerdo también incluye planes de educación financiera para que los pobladores comprendan mejor cómo manejar estos recursos.