Después de semanas de tensión entre el Ejecutivo y el sector financiero, Gobierno y bancos encontraron un camino común para socorrer a las personas afectadas por las inundaciones que han azotado especialmente el norte del país. En lugar de obligar a las entidades bancarias a hacer inversiones forzadas con su dinero, como había planteado inicialmente el presidente Gustavo Petro, pactaron un paquete de medidas que busca aliviar la carga financiera de los damnificados.

El acuerdo contempla varias acciones prácticas que tocan directamente el bolsillo de quienes sufrieron pérdidas. Incluye aplazamientos en los períodos de pago de deudas existentes, reducción de las tasas de interés que cobran los bancos, y la creación de líneas de crédito especiales para que pequeños empresarios y productores puedan recuperarse. Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria (la asociación que representa a los bancos), explicó que se trata de "un paquete de alivios generoso, inédito, ambicioso" que llegará sin afectar el historial crediticio de las personas que lo usen.

Lo importante aquí es que no hay letra menuda escondida. Según Malagón, los usuarios que se acojan al programa "no traen ningún tipo de deterioro en su historial crediticio, por el contrario no solamente no baja la calificación sino que se suspenden inmediato los cobros jurídicos y los cobros pre jurídicos". Esto significa que mientras aproveches el alivio, los bancos no te perseguirán legalmente por deudas ni reportarán negativamente tu comportamiento de pago.

Para que esto funcione, Malagón señaló que necesitan velocidad en la implementación. En la región afectada se otorgan cerca de 1,8 millones de créditos al año, así que el sector financiero tendrá que preparar rápidamente sus productos especiales, entrenar a sus equipos de ventas y desplegar los recursos. El Gobierno, por su lado, debe acelerar los cambios normativos necesarios. El programa, al que han llamado "abrigo", estaba previsto que comenzara casi inmediatamente después del acuerdo.

Malagón hizo énfasis en que este pacto representa un cambio importante: en lugar de una relación conflictiva entre Gobierno y bancos, ahora existe un objetivo compartido de "beneficiar a la mayor cantidad de colombianos" lo más rápido posible. Los bancos también anunciaron que harían campañas permanentes de comunicación y educación financiera para llegar a las regiones afectadas y explicar a la gente cómo acceder a estos beneficios.