Mientras la reforma pensional espera resoluciones de las cortes, el Gobierno aceleró otra decisión sobre sus ahorros: ordenó a las AFP trasladar alrededor de $25 billones al régimen público de Colpensiones. Aunque las administradoras privadas conocían esta posibilidad desde octubre, el Ministerio de Trabajo apenas hace poco más de un mes publicó el decreto que ahora se materializa. El plazo es apretado: 50% de esos recursos deben moverse en 20 días y el resto en 10 días más.

La preocupación es tangible entre quienes tienen ahorros en AFP. Actualmente esos fondos están invertidos en portafolios que han generado una rentabilidad real promedio de 8,5% anual durante los últimos 15 años. Andrés Velasco, presidente de Asofondos (la asociación que representa a los fondos privados), habla de una "devaluación de ese ahorro pensional" porque aún no hay claridad sobre cómo Colpensiones gestionará estos recursos. El sistema público opera a través de fiducias, pero no queda claro cuáles, en qué condiciones ni si los contratos actuales pueden absorber $25 billones adicionales. Tampoco hay seguridad jurídica sobre cómo se realizará el traslado: ¿en efectivo o en títulos valores? Si es en títulos, Colpensiones tendría que liquidarlos para pagar las pensiones que ya está otorgando, lo que podría generar pérdidas.

El Gobierno justifica la medida diciendo que detectó un desequilibrio crítico en Colpensiones. Explica que 22.472 personas ya se trasladaron al régimen público desde las AFP, pero sus cuentas individuales quedaron bajo administración de los fondos privados. En 2024, la nómina pensional de Colpensiones fue de $55,5 billones, de los cuales $15,3 billones corresponden a estos trasladados. El decreto califica esto como una "desnaturalización" del sistema solidario. Sin embargo, Velasco rechaza este argumento: sostiene que Colpensiones ya está recibiendo más recursos de lo que necesita para pagar pensiones.

Hay cuestionamientos sobre si el decreto tiene patas para sostenerse legalmente. Camilo Cuervo, abogado especializado en estos temas, señala que "para muchos es claramente un decreto ilegal, porque está montado sobre la aplicación de una norma que no está vigente". A pesar de ello, el decreto tiene una presunción de legalidad que permite su ejecución mientras no sea suspendido por los juzgados. Velasco ya adelantó que las AFP estudian acciones en contra de la medida.

Lo que está en juego es simple: los ahorros de miles de colombianos que han invertido décadas acumulando recursos para la jubilación. Las AFP advierten que el traslado acelerado y la incertidumbre sobre la gestión futura podrían traducirse en menores rentabilidades. Para los ahorradores, significa que esos $25 billones que hoy crecen a 8,5% anual podrían crecer menos en manos de Colpensiones, afectando directamente el poder de compra de sus futuras pensiones.