El Gobierno Nacional presentó su Plan Financiero para 2026 con proyecciones que generan escepticismo entre los analistas económicos. Según el documento oficial, la inflación cerrará el año en 5,8%, un nivel que Investigaciones Bancolombia considera demasiado optimista. Los especialistas señalan que factores como el incremento del salario mínimo y la indexación de varios precios (una práctica que ajusta automáticamente costos al ritmo de la inflación) podrían impedir que el costo de vida se desacelere tan rápido como lo anticipa el Ejecutivo.

La diferencia puede parecer pequeña, pero tiene consecuencias grandes en el bolsillo de los colombianos. Si la inflación llegara realmente a 6,4% en lugar de 5,8%, esto elevaría los costos del servicio de la deuda pública (los intereses que el país debe pagar por los dineros que ha pedido prestado). A mayor deuda más cara, mayor presión sobre el gasto en intereses. Y cuando más dinero sale del presupuesto para pagar intereses, queda menos para salud, educación y otros servicios. El riesgo es que el déficit fiscal (la diferencia entre lo que gasta el Gobierno y lo que recauda) termine siendo mucho mayor al proyectado.

El Gobierno espera reducir el déficit fiscal a 5,1% del PIB en 2026, pero Investigaciones Bancolombia estima que podría alcanzar el 7%, una brecha significativa. Parte del problema es que los ingresos esperados bajaron de lo previsto: el Gobierno contaba con una ley de financiamiento que no fue aprobada en 2025, lo que limitó el margen fiscal disponible. Para compensar, el plan plantea reducir el gasto público total a 21,2% del PIB, una cifra bastante más baja que estimaciones anteriores.

Lo problemático es que el documento oficial no explica cómo se lograrían estos recortes. Según el análisis de Investigaciones Bancolombia, el Gobierno presenta la meta de ajuste pero no detalla "cuáles serían las medidas y los recortes presupuestales que harían posible la mejora proyectada en el desbalance fiscal". Es decir: dice qué quiere lograr, pero no explica con claridad qué programas o servicios se reducirían.

El punto de partida agrava la situación. El déficit del Gobierno Nacional Central cerró 2025 en 6,4% del PIB (equivalente a 117,6 billones de pesos), aunque fue mejor a lo previsto inicialmente. Pero el déficit primario (que mide el desbalance sin contar los intereses de la deuda) llegó a 3,5%, superior al programado. Para lograrlo, el Gobierno activó la cláusula de escape de la regla fiscal, que permite gastar por encima de los límites establecidos. Esta flexibilización temporal ayudó a maniobrar en 2025, pero aumenta la presión sobre las finanzas públicas de los próximos años.