El Gobierno volvió a poner sobre la mesa una herramienta polémica para conseguir dinero rápido: las inversiones forzosas al sector financiero. El presidente Gustavo Petro anunció que usará este mecanismo para financiar la reactivación de la producción de alimentos, especialmente en Córdoba, donde las intensas lluvias han causado estragos. "Para reactivar la producción de alimentos, se financiarán los montos con inversión forzosa rural y urbana de Banco Agrario y Bancóldex usando la ley al respecto", dijo el mandatario.

Esta no es la primera vez que se intenta aplicar esta medida. De hecho, hace dos años el Gobierno también la propuso, pero terminó negociando con los bancos el llamado Pacto Por el Crédito. Un acuerdo en el que la banca se comprometía a desembolsar 250 billones de pesos en 18 meses para vivienda, industria, manufactura, agricultura y turismo. Sin embargo, Petro aseguró que ese compromiso se incumplió. "La banca privada me engañó. No desplazó los recursos recaudados a la producción agrícola sino al crédito de consumo y sacaron el dinero del país", afirmó en un consejo de ministros. Mientras tanto, la banca reporta cifras distintas: al cierre de 2025 habían ejecutado el 84,1 por ciento del programa y desembolsado miles de millones en créditos a sectores de la economía popular y agropecuario.

¿Qué significa exactamente una inversión forzosa? Es simple: los bancos están obligados a destinar una parte del dinero que recaudan de los ahorros de la gente a créditos para ciertos sectores o a comprar títulos especiales. En el caso agrícola, esta práctica existe desde hace más de 30 años a través de los Títulos de Desarrollo Agropecuario, que permiten ofrecer créditos más baratos a los campesinos. Pero cuando el Gobierno amplía estas restricciones, aparecen los efectos secundarios.

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, el gremio de los bancos, advierte que nuevas inversiones forzosas aumentarían lo que en economía se llama represión financiera: básicamente, controles que limitan el acceso al crédito. "Hoy somos el tercer país de la región con mayor represión", explicó. Si el Gobierno impusiera inversiones forzosas por alrededor de 35 billones de pesos adicionales, habría menos dinero disponible para prestar a otros sectores. ¿El resultado? Las tasas de interés subirían en promedio 49 puntos básicos en todos los créditos. Eso significa que empresas pequeñas, medianas, grandes y personas naturales pagarían más caro el dinero que piden prestado.

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y hoy rector de la Universidad EIA, es contundente: "Se convertiría en una especie de impuesto que genera el incentivo contrario". Sostiene que revivir las inversiones forzosas es un error histórico que limita el acceso al crédito en lugar de mejorarlo. José Ignacio López, presidente del centro de estudios Anif, va más lejos: "Son dos políticas que casi ningún país aplica, menos para dar frente a una emergencia. Poner en riesgo la inversión, el crédito y el ahorro no es el camino. ¿Por qué no usar recursos no ejecutados y reducir burocracia para atender la emergencia?"

Las inversiones forzosas se sumarían a otro anuncio del Gobierno: un nuevo impuesto al patrimonio de las grandes empresas. El Ministerio de Hacienda espera cobrarle un 0,6 por ciento a compañías con patrimonios de 10.000 millones de pesos y 1,2 por ciento a las de 30.000 millones o más. Aproximadamente 15.000 empresas pagarían este tributo para recaudar 8 billones de pesos. Mientras el Gobierno defiende estas medidas como necesarias en la emergencia, los expertos insisten en que hay alternativas menos riesgosas para el sistema financiero y para el bolsillo de los colombianos.