El Ministerio de Salud acaba de expedir el Decreto 0182, que desde el 26 de febrero de 2026 reordena el mapa de operación de las EPS en el país. En otras palabras: algunas empresas de salud tendrán que dejar de funcionar en ciertos territorios porque no tienen suficientes afiliados. Esta medida busca concentrar la operación en las entidades con mayor presencia y evitar la fragmentación del sistema.

La norma es compleja, pero la idea central es simple: si una EPS no alcanza una participación mínima en un departamento, debe irse de allí. Los porcentajes varían según el tamaño de la población. En departamentos grandes (más de 2 millones de habitantes), una EPS necesita al menos el 5% de los afiliados para quedarse. En departamentos medianos, el requisito sube al 10%. En los más pequeños, sube incluso al 15%. Además, en ningún caso pueden operar EPS con menos del 3% de participación. Esto significa que en municipios pequeños solo funcionarán dos o tres empresas de salud, mientras que en ciudades grandes puede haber más opciones.

Lo que más afecta a los colombianos es lo que viene ahora. El Ministerio tiene apenas cinco días hábiles para reasignar a todos los afiliados de las EPS que salen de cada territorio. Es decir, si tu EPS se va del municipio donde vives, el Estado te moverá automáticamente a otra que continúe operando. Pero aquí viene lo importante: después de 60 días, tú tendrás derecho a cambiarte de nuevo a cualquier otra EPS que funcione en tu zona, si quieres.

Para que este cambio no deje a nadie sin cobertura en el camino, las EPS que reciben nuevos afiliados tendrán 15 días antes de que la medida entre en vigor para prepararse y garantizar que la atención no se interrumpa. Esto incluye pacientes de alto costo (aquellos con enfermedades crónicas o complejas que requieren tratamientos costosos) y mujeres gestantes. El Gobierno también priorizó que las EPS indígenas reciban preferentemente a la población registrada como indígena.

Estos cambios regirán por cinco años y solo se renovarán si las EPS cumplen con los requisitos que verifique la Superintendencia Nacional de Salud. Es un ajuste estructural que el Ejecutivo implementa con cronograma ajustado: las decisiones administrativas ya están en marcha y los plazos comenzaron a correr desde la expedición del decreto.