En una batalla legal que afecta a millones de trabajadores, el Gobierno acaba de meter un último recurso ante el Consejo de Estado para tratar de salvar el aumento del salario mínimo que fijó en dos millones de pesos mensuales. Hacienda, Trabajo, la Secretaría Jurídica y la Presidencia se pusieron de acuerdo para presentar este escrito conjunto, defendiendo la legalidad de su decisión de aumentar el sueldo base en un 23%.

El punto central del argumento del Gobierno es simple: según ellos, un juez paralizó el decreto sin tener razones sólidas para hacerlo. En términos legales, argumentan que no existe lo que llaman periculum in mora, que es una manera sofisticada de decir que no hay un riesgo de daño inmediato que justifique detener la orden presidencial. Incluso el propio documento del juez reconoce que no hay prueba de un daño específico, irreversible o urgente que respalde la suspensión.

Además, el Gobierno sostiene que el juez no hizo el análisis completo que las cortes exigen. Básicamente, dice que el magistrado no verificó si la medida era realmente necesaria ni si su alcance era proporcional al problema. Para el Ejecutivo, lo que pasó aquí no fue un error claro en el decreto, sino simplemente un debate sobre cómo interpretar lo que ordenó.

Lo que está en juego es bastante concreto para los bolsillos de la gente. Si el Consejo de Estado confirma la suspensión, ese aumento del 23% se cae, y millones de trabajadores se quedarían sin el dinero extra que el Gobierno prometió. Si falla a favor del Gobierno, el salario mínimo se mantiene en esos dos millones y la economía seguirá con las reglas del juego definidas así. El tribunal tiene en sus manos una decisión que va a afectar no solo a los trabajadores, sino también a las empresas y al movimiento general de la economía del país.