El gobierno acaba de publicar un nuevo decreto que deja sin cambios el aumento de 23 por ciento para el salario mínimo que rige este 2026. Esta cifra significa que un trabajador que gana el mínimo recibirá 1 millón 750 mil 905 pesos más el auxilio de transporte. El presidente Gustavo Petro firmó el documento en la Plaza de Bolívar el jueves pasado, rodeado de manifestantes que respaldaban la medida.

Lo interesante es que el nuevo decreto aclara algo que nadie entendía antes: cómo llegó el gobierno a ese número de 23 por ciento. Y aquí viene lo polémico. El documento reconoce que si solo se usaran los criterios técnicos establecidos por ley para fijar el mínimo (la inflación, la productividad y el crecimiento económico), el aumento habría sido de apenas 13,6 por ciento. Los 9,4 puntos porcentuales restantes salen de un concepto más amplio llamado salario vital, que se refiere a lo que cuesta realmente mantener a una familia de cuatro personas en Colombia. Según el gobierno, esa canasta de gastos básicos alcanza 2 millones 982 mil 589 pesos mensuales.

El problema es que el Consejo de Estado ya había ordenado al gobierno presentar un decreto que explicara bien estos números técnicos, y muchos expertos creen que simplemente volvieron a hacer lo mismo. Mauricio Montealegre, abogado especializado en derecho laboral, dice que "Es probable que el Consejo de Estado considere que la actuación del Gobierno es una reproducción del decreto anterior y, por lo tanto, un incumplimiento del auto por medio del cual lo suspendió. Podría considerarse como un desacato e imponer sanciones económicas, multas, incluso pudiendo compulsarse copias para que se investigue el incumplimiento desde una perspectiva disciplinaria". Esto significa que el gobierno podría enfrentar multas si el tribunal considera que ignoró su orden.

Mientras tanto, los 2,4 millones de colombianos que ganan el salario mínimo siguen recibiendo el aumento de 23 por ciento, pero nadie sabe si será definitivo. El sector empresarial está dividido. Bruce Mac Master, presidente de la Andi (la asociación de industriales grandes), apoyó el aumento días atrás. En cambio, Jaime Alberto Cabal, quien lidera Fenalco (el gremio del comercio), advierte que esta cifra solo destruirá empleos, especialmente entre los trabajadores informales que ganan menos del mínimo.

Y los números que preocupan son serios. El centro de estudios Fedesarrollo calcula que este aumento podría generar la pérdida de hasta 600 mil empleos formales comparado con un escenario donde solo se hubiera reconocido la inflación y productividad. Bancolombia es aún más pesimista: estima pérdidas de hasta 734 mil trabajos, principalmente en sectores como profesionales, comercio y construcción. El Banco de la República agrega que este aumento del mínimo podría empujar la inflación hacia arriba en cerca de 200 puntos básicos, lo que obliga al banco central a subir más las tasas de interés, como ya comenzó a hacer.

Lo cierto es que Colombia tiene un pulso jurídico latente. El Consejo de Estado todavía debe pronunciarse sobre si acepta este nuevo decreto o considera que el gobierno simplemente desobedeció su orden. Mientras eso ocurre, los trabajadores que ganan el mínimo siguen con su aumento, pero la economía espera a ver qué pasa realmente.