En medio de una batalla jurídica que continúa sin resolverse, el Gobierno mantuvo intacta su decisión de aumentar el salario mínimo en 23 por ciento para 2026. El presidente Petro firmó un nuevo decreto esta semana en la plaza de Bolívar después de que el Consejo de Estado le pidiera explicar técnicamente cómo había llegado a esa cifra, la más alta en registros históricos.

La trampa está en los números. El Gobierno ahora admite abiertamente que si solo hubiera usado los parámetros legales para fijar el salario mínimo, el aumento habría sido de 13,6 por ciento. Esto incluye inflación, productividad y crecimiento económico. El 9,4 por ciento restante lo justifica con algo llamado "salario vital", un concepto de la Organización Internacional del Trabajo que estima que una familia de cuatro personas necesita 2.982.589 pesos mensuales para vivir dignamente. Traducido al bolsillo: el Gobierno decidió agregar casi diez puntos porcentuales extra basándose en esa brecha de ingresos.

Para los 2,4 millones de colombianos que ganan el salario mínimo, el aumento del 23 por ciento seguirá siendo pagado tal como está mientras el Consejo de Estado decide. Pero esto ha creado un pulso jurídico peligroso. Mauricio Montealegre, abogado especializado en temas laborales, advierte que "es probable que el Consejo de Estado considere que la actuación del Gobierno es una reproducción del decreto anterior y, por lo tanto, un incumplimiento del auto por medio del cual lo suspendió. Podría considerarse como un desacato e imponer sanciones económicas, multas, incluso pudiendo compulsarse copias para que se investigue el incumplimiento desde una perspectiva disciplinaria".

El costo de esta decisión preocupa a economistas y empresarios. Un estudio de Fedesarrollo proyecta una pérdida de hasta 600.000 empleos formales. Bancolombia calcula una cifra aún mayor: 734.000 trabajos desaparecerían por los mayores costos laborales y tasas de interés más altas. Los sectores más vulnerables serían comercio, construcción y servicios profesionales. El Banco de la República estima que el aumento se traduciría en 200 puntos básicos adicionales de inflación anuales, lo que presionaría las tasas de interés aún más de lo que ya están.

Mientras algunos empresarios como Bruce Mac Master respaldaron el aumento pidiendo esfuerzo a sus colegas, otros como Jaime Alberto Cabal de Fenalco advierten sobre un efecto bumerán: "Nos preocupan los trabajadores que ganan el mínimo y que podrían ver sus empleos destruidos, los más de 11 millones de colombianos que en la informalidad ganan por debajo de esa cifra y los trabajadores por cuenta propia que tampoco se verán beneficiados".

El pulso judicial continúa. El Consejo de Estado tiene ahora toda la documentación y podría decidir fijar por sí mismo el salario mínimo si considera que el Gobierno desacató su orden. Mientras tanto, lo que era una promesa de mejora para los trabajadores se convierte en un riesgo potencial de desempleo, inflación más alta y tasas de interés que suben la cuota de hipotecas y créditos para todos los colombianos.