A partir de marzo, el Ministerio de Transporte comenzará a adjudicar once proyectos de obras viales en La Guajira por aproximadamente 3,3 billones de pesos. Se trata de una de las mayores inversiones en infraestructura que ha recibido el departamento en años recientes, anunciada desde Riohacha como parte de una estrategia más amplia denominada CONPES 4161 "Vías para la Paz". La idea central es simple: mejorar las carreteras para que la gente pueda desplazarse más fácil, acceder a servicios de salud y educación, y conectar territorios que históricamente han estado aislados.

Los municipios priorizados son Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia. En este último, por ejemplo, se trabajará en tramos específicos como Taparrajín–Jojoncito–Siapana y San Martín–Nazareth, corredores que conectan comunidades indígenas y rurales que durante décadas han tenido acceso limitado a infraestructura básica. Estas vías no son solo asfalto: el Gobierno plantea que mejorar la conectividad también impacta la llegada de agua potable, servicios de salud, programas de seguridad alimentaria y, en últimas, la reducción de la mortalidad infantil, uno de los indicadores más delicados de La Guajira.

En paralelo a la adjudicación de obras, avanzan los procesos para contratar interventorías, que sumarán más de 200 mil millones de pesos. Estas interventorías funcionan como los "veedores" de las obras: supervisan que el dinero se invierta correctamente, que los contratistas cumplan los acuerdos y que la calidad del trabajo sea la requerida. Es decir, garantizan que los 3,3 billones no se pierdan en el camino.

Según la ministra de Transporte, Mafe Rojas, esta adjudicación marca el paso "del anuncio a la ejecución". El Gobierno también sostiene que estas inversiones responden a la Sentencia T-302 de 2017, un fallo de la Corte Constitucional que obligó al Estado a garantizar derechos fundamentales en La Guajira, un departamento que ha enfrentado históricamente crisis humanitaria. Las obras, plantea el Ministerio, se desarrollarán con participación de las comunidades locales para asegurar que se construya lo que realmente se necesita.