El Gobierno está moviendo sus fichas en la reforma pensional a través de un decreto que busca transferir más de 25 billones de pesos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones hacia Colpensiones. Se trata de dinero que pertenece a trabajadores que utilizaron una ventana de oportunidad para cambiar entre los diferentes sistemas pensionales, una opción que la Corte Constitucional permitió mantener en vigencia mientras estudia el resto de la reforma.

El problema está en los detalles. Según Andrés Velasco, presidente de Asofondos (la asociación que representa a los fondos privados), el decreto que publicó anoche el Ministerio de Trabajo bajo la dirección de Antonio Sanguino contradice directamente lo que dice la ley. La norma establece que esos recursos deben permanecer en las cuentas de ahorro individual dentro de las AFP hasta que el trabajador cumpla la edad para pensionarse. Solo en ese momento deberían trasladarse a un fondo administrado por el Banco de la República, no a Colpensiones.

"Trasladar esos recursos a Colpensiones es, en la práctica, liberar recursos presupuestales por el mismo monto que gobierno podrá utilizar para otros fines", advirtió Velasco. Esto es lo que genera la alarma entre críticos políticos y económicos: si el Gobierno obtiene acceso a esos 25 billones ahora mismo, en lugar de cuando los trabajadores se pensionen, el dinero podría destinarse a gastos gubernamentales inmediatos en lugar de resguardarse para las jubilaciones.

El decreto detalla que las AFP tienen máximo 15 días hábiles para hacer la transferencia una vez entre en vigencia, incluyendo no solo el dinero que aportaron los trabajadores sino también todas las ganancias que ese dinero generó en el tiempo que estuvo invertido. Sin embargo, Asofondos insiste que esto contradice la ley 2381 de 2024, que establece claramente que esos valores deben seguir siendo administrados por las AFP hasta que se consolide la pensión.

La senadora Norma Hurtado se sumó a las críticas con un mensaje directo: "Anticipar ese traslado libera caja al Gobierno y abre la puerta a que el ahorro de la vejez termine financiando gasto público corriente". Hurtado recordó que durante el debate de la reforma en el Congreso ya habían advertido sobre este riesgo y propusieron protecciones legales para blindar esos recursos.

Lo que está en juego aquí es básicamente un conflicto entre lo que dice la ley y lo que el Gobierno intenta hacer mediante decreto. Mientras la Corte Constitucional todavía delibera sobre el futuro de toda la reforma pensional, el Ejecutivo avanza en la implementación de artículos que fueron exceptuados de la suspensión. Pero hacerlo de una forma que, según los críticos, viola la intención original de la norma: que el dinero destinado para la vejez de los trabajadores se mantenga protegido hasta que realmente lo necesiten para pensionarse.