La administración Petro no cede. Después de que el Consejo de Estado tumbara el nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio en enero, el Gobierno acaba de expedir un nuevo decreto que la devuelve al puesto. Esta vez, resuelto a contracorriente: cambió primero las reglas para que ella cumpliera con ellas.

Lo que pasó es así de directo. Cuando Rusinque fue designada inicialmente en febrero de 2024, los requisitos eran claros: necesitaba diez años de experiencia profesional comprobada. Pero cuando el Consejo de Estado revisó el nombramiento, encontró que solo sumaba ocho años, seis meses y veinticinco días. No daba. El tribunal anuló todo. Entonces, a principios de marzo, el Ejecutivo expidió un decreto modificando los estándares para los cargos en superintendencias, eliminando justamente ese mínimo de años de experiencia. Con esa puerta abierta, el Gobierno publicó de nuevo la hoja de vida de Rusinque y firmó el Decreto 0361 de 2026, formalizando su regreso.

La Superintendencia de Industria y Comercio no es un cargo menor. Es la entidad que vigila que las empresas compitan sin hacer trampa, que los derechos del consumidor no se pisotee y que se cumpla la ley en las prácticas empresariales. Que funcione bien o mal afecta los precios que pagamos, si nos respetan nuestros derechos como compradores y qué tan limpio o sucio sea el juego en los negocios.

El fallo del Consejo de Estado levantó polvareda. El presidente Petro lo calificó como una "persecución política", y eso evidenció la tensión de fondo: quién decide realmente quién dirige qué en el Estado, ¿el Ejecutivo o las cortes? El tribunal no solo objetó el tiempo de experiencia de Rusinque, sino también si su formación académica era la indicada para el cargo. Ella presentó su renuncia tras el fallo, pero quedó claro que el Gobierno buscaba la manera de mantenerla.

Ahora, con el nuevo decreto, el caso entra en otra fase. El Ejecutivo apuesta a que al cambiar las reglas, el nombramiento quedará blindado frente a los argumentos que antes lo anularon. Pero el terreno sigue siendo polémico: hay quienes ven en esto un ajuste legítimo de criterios y otros lo interpretan como una maniobra para evitar una decisión judicial incómoda.

Rusinque, abogada y exdirectora del Departamento de Prosperidad Social, es una de las cercanas al presidente. Su gestión en la SIC ha estado completamente eclipsada por esta batalla legal. Lo que viene es impredecible: nuevas demandas podrían llegar, nuevas decisiones judiciales también. Lo cierto es que este pulso entre el Ejecutivo y el control de legalidad de las cortes sigue abierto, con la SIC como tablero de esta disputa.