El Gobierno Nacional aprobó cobrar una sobretasa adicional del 2 por ciento a las compañías de energía hidroeléctrica y térmica en medio de la emergencia económica declarada por la ola invernal. La medida afecta directamente 51 plantas de generación ubicadas en Córdoba, Antioquia, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena. Lo importante aquí es entender que no es un impuesto sobre las ganancias que dejan estas empresas, sino sobre el total de sus ingresos brutos. Es decir, pagan incluso cuando los márgenes de ganancia son ajustados.

Para las hidroeléctricas, esta sobretasa se suma a las transferencias ambientales obligatorias que ya pagaban, elevando su carga total al 8 por ciento. Para las termoeléctricas queda en 6 por ciento. Empresas como EPM, Isagén y Celsia tienen decenas de plantas afectadas. Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén (el gremio de generadores), expresó que "Recibimos esta medida con preocupación y rechazo. No se trata de un cobro sobre las utilidades, sino sobre las ventas brutas de energía; es decir, se paga incluso cuando los márgenes de ganancia son bajos".

El impacto real de cobrar sobre ingresos brutos es que afecta el flujo de caja disponible para operar, mantener infraestructura e invertir en nuevos proyectos. Los gremios advierten que esto podría poner en riesgo la solidez financiera de las empresas.

Pero los sectores golpeados no son solo la energía. El Gobierno también estableció un impuesto temporal al patrimonio del 1,6 por ciento para petroleras, carboneras y mineras. Este es un gravamen sobre los activos acumulados que las empresas poseen, no sobre lo que ganaron. El sector petrolero ya soportaba una sobretasa del 15 por ciento desde 2022, junto con regalías e impuestos de renta. Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, advirtió que "El sector de hidrocarburos opera bajo ciclos de inversión de largo plazo. Gravar el patrimonio es, en esencia, gravar la capacidad de invertir".

Los cálculos de los gremios indican que estas nuevas cargas sumarían aproximadamente 330 mil millones de pesos anuales al sector energético. Lo preocupante es que estos costos adicionales eventualmente podrían terminar en tu recibo de luz. Las empresas sin liquidez para asumir estos tributos deberán endeudarse, lo que generaría más presión financiera.

Desde el sector también cuestionan si estos impuestos son realmente necesarios. Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de Andeg, señaló que hay 2,6 billones de pesos sin ejecutar en el presupuesto de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, además de posibles recursos de regalías que podrían destinarse a la emergencia invernal.