El Gobierno tomó una decisión que toca fibras sensibles en la institucionalidad económica del país. Por medio del Decreto 0226 de 2026, la administración Petro modificó las reglas de juego para nombrar a los superintendentes de la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Superintendencia de Sociedades. En otras palabras, cambió los criterios para escoger a los jefes de tres organismos que vigilan y regulan aspectos clave de la economía colombiana.

Hasta ahora, estos cargos tenían requisitos muy específicos y estrictos, establecidos hace más de una década cuando se buscaba cumplir con recomendaciones internacionales de transparencia institucional y buenos gobiernos. Las normas anteriores exigían un mayor número de años de experiencia profesional especializada. Pero con el nuevo decreto, eso cambió: ahora se aplicará la tabla general de requisitos que se usa para cualquier cargo directivo en el Estado, lo que básicamente significa menos barreras de entrada.

El cambio también abre otros aspectos administrativos. Los superintendentes siguen siendo designaciones de libre nombramiento y remoción del Presidente, lo que ya era así. Pero ahora, aunque el Gobierno puede hacer una invitación pública para recibir candidaturas, no está obligado a hacerlo. Además, aunque el Presidente puede pedirle opiniones a organizaciones o académicos sobre quién debería ocupar estos cargos, esas recomendaciones no son vinculantes: es decir, puede ignorarlas sin problema.

Según reportó la Silla Vacía, el Gobierno argumenta que esta flexibilización busca facilitar el proceso de selección y ampliar las opciones de candidatos para liderazgo de estas entidades. Pero el movimiento ha generado debate: algunos consideran que rebajar los estándares para puestos tan importantes en la regulación económica podría afectar la calidad de gestión en instituciones que supervisan el sistema financiero, el comercio y a las grandes empresas del país.