El Ministerio de Trabajo acaba de expedir el decreto 223 de 2026, una regulación que establece límites específicos en las horas de trabajo para dos grupos poblacionales: estudiantes en prácticas académicas y trabajadores menores de edad. La medida entró en vigencia desde el 5 de marzo de 2026 y busca ordenar condiciones laborales que, según el Gobierno, requieren un tratamiento diferenciado del resto de empleados.

La normativa deja claro que no cambia la jornada laboral general del país, que continúa su reducción gradual. Se trata más bien de poner límites específicos para proteger a quienes aún están en proceso de formación. Para los practicantes, la ley fija un máximo de 30 horas semanales, buscando que sus actividades mantengan un carácter formativo y no se conviertan en una forma barata de sustituir empleados formales. Los menores de 17 años podrán trabajar hasta 30 horas a la semana, mientras que jóvenes entre 17 y 18 años pueden llegar a 40 horas, todo dentro de horarios que respeten restricciones en jornadas nocturnas.

Para los practicantes, el decreto establece condiciones bastante precisas: las actividades deben estar conectadas con su programa académico, no pueden interferir con sus horarios de estudio, necesitan un tutor asignado por la institución educativa y deben garantizar un proceso formativo real y supervisado. Las empresas quedan expresamente prohibidas de usar estas prácticas para reemplazar empleados formales o asignar funciones que nada tengan que ver con el aprendizaje.

Un aspecto importante es que los practicantes recibirán un apoyo económico mensual para gastos como transporte y alimentación, además de estar afiliados obligatoriamente al sistema de riesgos laborales desde el inicio. Estas medidas buscan que la experiencia práctica sea realmente un complemento a la educación, no una explotación laboral disfrazada de formación.

Con esta regulación, el Gobierno intenta establecer reglas claras sobre un terreno que, en la práctica colombiana, ha sido frecuentemente problemático: las prácticas académicas muchas veces funcionan como mano de obra barata sin supervisión real. El decreto responde a la necesidad de blindar mejor a estudiantes y menores en el mercado laboral, aunque el éxito de la medida dependerá de su implementación y fiscalización en las empresas.