El Gobierno Nacional sacó adelante un nuevo decreto regulatorio para las fiduciarias del país, que son esas empresas especializadas en administrar dinero, bienes y propiedades de otras personas. El objetivo es doble: proteger a quienes contratan estos servicios y establecer reglas de juego más claras para que estas sociedades sepan exactamente cómo deben funcionar.

La medida, conocida como Decreto 0510 expedido el 19 de mayo de 2026 por el Ministerio de Hacienda, viene a complementar una regulación anterior de 2010 que actualmente rige todos los servicios financieros y de seguros en Colombia. La novedad principal es que ahora las fiduciarias deberán clasificar sus contratos en cinco categorías oficiales: garantía, administración, inversión, inmobiliaria y seguridad social. Esto permitirá que la Superintendencia Financiera tenga mejor control y pueda prevenir problemas.

Lo que cambia de verdad en el bolsillo de quienes contratan una fiducia es que los nuevos contratos ya no pueden basarse solo en lo que ambas partes acuerden libremente. Ahora tienen que incluir obligatoriamente diez requisitos específicos. Esto significa que el cliente sabrá claramente quién recibe el dinero, cómo se calcula el valor de los bienes transferidos, y qué pasa si algo sale mal o no se encuentra al beneficiario. En otras palabras: menos sorpresas desagradables.

Otro cambio importante es la "matriz de riesgos fiduciarios", un documento técnico donde se identifican todos los posibles problemas que podrían surgir durante el contrato. Las fiduciarias no solo deben crear este documento antes de firmar nada, sino mantenerlo actualizado permanentemente y ponerlo a disposición de la Superintendencia, los clientes y cualquier tercero que tenga derechos sobre el dinero involucrado.

Para los proyectos inmobiliarios de vivienda manejados por fiduciarias, hay una regla adicional: el constructor debe tener contratado un interventor independiente que supervise el proyecto. Aunque el interventor no es parte de la fiducia, su presencia se vuelve obligatoria para que los recursos se ejecuten correctamente.

El decreto entra en vigor inmediatamente, pero con una salvedad importante para no afectar negocios en curso: los contratos fiduciarios que ya están activos continuarán bajo las normas antiguas con las que fueron firmados. Solo los nuevos contratos deberán cumplir estas exigencias más estrictas. La Superintendencia Financiera tiene 12 meses para dar las instrucciones finales sobre cómo implementar todo esto en la práctica.