El Gobierno enfrenta críticas por un borrador de decreto que busca mover alrededor de 25 billones de pesos desde los fondos privados hacia Colpensiones. Esta cifra corresponde a los ahorros pensionales de personas que han decidido trasladarse al sistema público y les faltan menos de 10 años para jubilarse, aprovechando una ventana que abrió la reforma pensional. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, salió al paso para explicar por qué el Gobierno considera necesaria esta medida.

Según el ministro, la decisión tiene base legal. La Corte Constitucional mantuvo vigente el artículo 76 de la reforma, que permite a cualquier colombiano en fondos privados solicitar trasladarse a Colpensiones. El punto clave es que cuando alguien decide cambiar de sistema, sus ahorros y rendimientos financieros deben ir con él. "Colpensiones tiene que asumir todas las responsabilidades, entre ellas, la invalidez y la muerte temprana de cada afiliado", explicó Sanguino. Sin este traslado de dinero, el sistema público quedaría sin los recursos necesarios para cumplir sus compromisos con esas personas.

La pregunta que más preocupa a analistas y ciudadanos es qué hará el Gobierno con esa montaña de dinero. Hay temor de que termine en gasto corriente, es decir, que se use para pagar salarios y funcionamiento del Estado en lugar de resguardar las pensiones futuras. Sanguino fue enfático al responder: "Garantizamos que esos recursos son sagrados pues constituyen el ahorro de los ciudadanos", agregando que tanto el Ministerio como Hacienda garantizan que esos recursos estarán destinados únicamente a garantizar derechos pensionales.

Hay un detalle que complica el panorama: originalmente, la reforma pensional establecía que el Banco de la República administraría estos dineros, pero el nuevo decreto los dejaría en manos de Colpensiones. Sanguino admitió que "estarán depositados en las cuentas de Colpensiones y estamos a la espera de que la Corte destrabe". Actualmente, ya hay alrededor de 120.000 personas que han hecho el traslado, así que esta no es una medida teórica sino una realidad que el Gobierno ya está enfrentando.

El decreto pasará por un proceso de 15 días para recibir comentarios de la ciudadanía antes de ser expedido en forma definitiva. El Gobierno sostiene que esto es un procedimiento legal, no un "decretazo". Sin embargo, la controversia seguirá hasta que la Corte Constitucional tome una decisión definitiva sobre la reforma pensional, que hasta ahora tiene suspendida su entrada en vigencia. Si la Corte autoriza la reforma, el decreto podría volverse innecesario, pero mientras tanto, el Ejecutivo considera que debe actuar para no dejar sin protección pensional a quienes ya han hecho el cambio.