El gobierno acaba de sacar un decreto de emergencia con cambios fiscales pensados para conseguir más dinero y así atender los daños de las fuertes lluvias que han azotado al país. Según el Ejecutivo, las entidades del Estado calculan que necesitan más de 8,6 billones de pesos para responder a la crisis. Como ese presupuesto no es suficiente, decidieron apretarse el cinturón tributario y activar impuestos que habían quedado dormidos.

La medida central es ampliar el impuesto al patrimonio. Hasta ahora este gravamen se cobraba principalmente a personas naturales que tuvieran mucha riqueza acumulada. Ahora el decreto hace que también paguen empresas: tanto las colombianas como las extranjeras que operan aquí. La idea es que cualquier compañía cuyo patrimonio sea igual o superior a 200 mil UVT (una unidad de tributación que ajusta cada año, equivalente a varios millones de pesos) tiene que aportar. Esto es temporal solo para 2026. Eso sí, el gobierno decidió no afectar a hospitales, clínicas, empresas intervenidas por el Estado y algunas prestadoras de servicios públicos en zonas damnificadas, para que estos sectores que ya están golpeados no carguen con más impuestos.

Además de eso, se activó un mecanismo conocido como impuesto complementario de normalización tributaria. En términos de bolsillo: si usted tiene dinero o activos que nunca declaró o deudas que finge que no existen, ahora tiene oportunidad de arreglarse. Paga una tarifa del 19% sobre lo que regularice y además el gobierno rebaja sanciones a quienes tengan problemas pendientes con la DIAN. Pero ojo: solo tiene hasta el 31 de julio de 2026 para acogerse y después no hay correcciones permitidas.

Otra fuente de dinero es el IVA aplicado a los juegos por internet. El decreto establece que estos servicios pagarán una tarifa del 16% en impuesto sobre las ventas. Esta es una manera de capturar ingresos de un sector que ha crecido mucho en los últimos años y que operaba en una especie de vacío legal.

El calendario para que empresas paguen el impuesto al patrimonio es ajustado. Tienen que declarar el 30 de abril de 2026 y ese mismo día pagan el 50% del impuesto. La otra mitad vence el 1 de junio. Los recursos que se recojan irán principalmente a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que es la entidad encargada de coordinar la respuesta a la emergencia.

Este paquete fiscal ha generado incertidumbre en el mercado porque aún no está claro cómo se implementará en detalle. El gobierno recurrió a estas medidas bajo el artículo 215 de la Constitución, que le permite dictar decretos con fuerza de ley cuando hay hechos que perturban gravemente el orden económico, social o ecológico. Se espera que esta movida tributaria genere un nuevo debate político porque toca la billetera de empresas y contribuyentes, mientras el país lidia con los efectos del desastre climático.