Colombia mejora pero sigue en problemas. Ese es el mensaje del Índice Chapultepec, un medidor internacional que califica anualmente cómo está la salud de la libertad de prensa en las Américas. El país acaba de subir dos posiciones en este ranking y ahora ocupa el lugar 12 entre 23 naciones evaluadas. Suena a buena noticia, pero la realidad es más compleja.

El informe, publicado por la Sociedad Interamericana de Prensa en alianza con la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, tiene un mensaje claro y directo para el gobierno colombiano. "Los jueces atribuyen al poder Ejecutivo la mayor incidencia institucional en situaciones desfavorables a la libertad de prensa, con una influencia moderada por parte de la administración de Gustavo Petro", detalla el documento. En otras palabras: desde la óptica de expertos independientes, la presidencia es el principal problema institucional para que los periodistas trabajen sin presiones.

Pero hay algo más grave que la presión desde arriba. Colombia sigue siendo un país peligroso para contar historias. El informe documenta los asesinatos de los periodistas Diomedes Farid Manrique y Oscar Gómez Agudelo en enero de 2025, además del atentado contra Gustavo Chihcangana Álvarez en julio de ese año. En la dimensión que mide acciones del Estado contra la violencia, el país obtuvo apenas 13,37 puntos de 40 posibles, su peor calificación. La razón: la incapacidad estatal para prevenir estos ataques y la impunidad que rodea los procesos judiciales.

El principal culpable no es solo el gobierno central. La investigación señala que grupos irregulares que controlan territorios, particularmente disidencias de las Farc y células del Ejército de Liberación Nacional, son los que más atacan periodistas y fomentan la censura en zonas de conflicto. Estos grupos simplemente no quieren que se cuenten sus historias.

Existe otro mecanismo de censura que es más silencioso pero igualmente efectivo: el acoso legal. Periodistas independientes reportan que reciben demandas penales como represalia por sus investigaciones, una táctica que debilita proyectos informativos y desalienta el periodismo crítico. Aunque la Corte Suprema de Justicia ha avanzado al reconocer que los crímenes contra periodistas son ataques a la democracia, estos fallos no han detenido el fenómeno.

El panorama es de luces y sombras. Colombia mejoró 5,03 puntos respecto a la medición anterior, pero permanece en la franja clasificada como "Restricción", marcada por violencia persistente e impunidad. Los colombianos que dependen de la prensa para estar informados están en un país donde contar la verdad sigue siendo un acto de riesgo.