La ola invernal que ha azotado al país dejó una factura costosa: el Gobierno necesita 8 billones de pesos para atender la tragedia y reconstruir lo perdido. Para conseguir ese dinero, el Ministerio de Hacienda sacó un impuesto temporal sobre el patrimonio de las empresas. Es decir, aquellas compañías con bienes y dinero por encima de cierto nivel tendrán que aportar un porcentaje de lo que poseen durante un período limitado de tiempo.

La tarifa es progresiva según el tipo de negocio. Las empresas en general pagarían 0,5 por ciento de su patrimonio líquido (lo que les queda después de descontar deudas), pero solamente si tienen más de 200.000 UVT, lo que equivale aproximadamente a 10.474 millones de pesos. En cambio, los bancos y las empresas minero-energéticas pagarían más: 1,6 por ciento. Esto no es casualidad. El Gobierno proyecta que el 56 por ciento del dinero que recaude vendrá justamente de esos dos sectores, que tienen más capacidad de pago.

La medida surge porque la Corte Constitucional había dejado sin efecto otros tributos que el Ejecutivo había intentado crear. Por eso esta vez optó por un decreto de emergencia, un mecanismo legal que permite actuar rápido en situaciones críticas como las inundaciones que afectaron 61 municipios en ocho departamentos. El balance fue devastador: 65 emergencias registradas, 53 por inundaciones, 10 fallecidos, más de 69.000 familias sin hogar o con daños en sus viviendas, y cerca de 20.000 hectáreas de tierra productiva destruidas.

El Gobierno no quiso depender solo de este impuesto temporal. Al mismo tiempo pidió ayuda al sector financiero. Los bancos respondieron con un paquete: 12 meses sin cobrar intereses a los damnificados, mantener las calificaciones crediticias de quienes no puedan pagar, dejar en suspenso los cobros incluso de deudas atrasadas, y brindar educación financiera. Pero el Ejecutivo dejó claro que espera más. Pidió, por ejemplo, que reduzcan las tasas de interés para los pequeños productores rurales que necesitan crédito para reactivarse, especialmente cuando ya tienen respaldos del Estado (el Fondo Nacional de Garantías cubre hasta el 90 por ciento del riesgo).

La idea de fondo es que no basta con dinero del impuesto temporal si la gente afectada no puede acceder a crédito para sembrar de nuevo o reconstruir sus negocios. El Gobierno también propuso que los créditos para pequeños agricultores se articulen mejor con la estrategia de reforma agraria, de modo que cuando se entreguen tierras a las familias, vengan acompañadas de recursos para hacerlas productivas.

En las próximas semanas se conocerá el plan completo con todos estos detalles. La apuesta es doble: responder a la emergencia humanitaria inmediata con recursos frescos, y al mismo tiempo evitar que el desastre climático genere una crisis económica aún más profunda en las regiones más golpeadas, donde ya la vida es difícil.