El Ministerio de Hacienda echó a andar la maquinaria para financiar la recuperación de los territorios golpeados por inundaciones y fenómenos climáticos extremos. El ministro Germán Ávila confirmó que ya firmó el decreto que introduce un nuevo impuesto al patrimonio de las empresas, decisión que busca recaudar los 8 billones de pesos que el Gobierno estima necesarios para atender los daños registrados en febrero en ocho departamentos del país. Entre los afectados están Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Chocó, Bolívar, Cesar y Magdalena, donde se contabilizaron 53 inundaciones, cinco movimientos en masa y otros eventos climáticos que destruyeron más de 4.100 viviendas e impactaron cerca de 20.000 hectáreas.

Para traducir esto a números que entiendan los empresarios: solo las compañías que tengan un patrimonio líquido superior a 10.474 millones de pesos (eso es lo que representan 200.000 UVT en dinero actual) estarán obligadas a pagar este impuesto. El patrimonio líquido es simplemente lo que queda después de restar las deudas del total de bienes y activos que tiene la empresa. La mayoría de las pequeñas y medianas empresas no llegarán a ese umbral, así que el golpe fiscal se concentra en las grandes corporaciones.

El sistema funciona con dos tarifas diferentes. Las empresas productoras de bienes y servicios, en general, pagarán 0,5% de su patrimonio. Pero aquí viene lo interesante para el bolsillo empresarial: los bancos y las compañías que explotan petróleo y carbón pagarán 1,6%, casi el triple. Según los cálculos del Ministerio, estos dos sectores aportarán el 56% de lo que se recaude, mientras que el resto de industrias pagará el 44%. El Gobierno justifica esta diferencia argumentando que "no afectar en mayor medida a la producción real", es decir, quiere proteger las empresas que generan empleo directo en manufactura y agricultura, mientras carga más peso fiscal a sectores que considera con mayor capacidad de pago.

Este no es un impuesto completamente nuevo en la historia tributaria colombiana. El Gobierno se inspira en lo que hizo en 2009 cuando La Niña azotó al país: en esa ocasión crearon un impuesto a la riqueza con tarifas que llegaron hasta el 6% para las empresas más grandes. Esta vez la tarifa es mucho más modesta: 0,5% o 1,6% según el sector. Aparentemente, el Ejecutivo aprendió que impuestos muy altos generan resistencia empresarial, así que optó por un gravamen más bajo pero igual efectivo para juntar dinero rápidamente.

El calendario de pagos está pensado para que el dinero llegue sin demora. Las empresas tendrán que pagar la mitad del impuesto el 1 de abril de 2026 y la otra mitad el 4 de mayo del mismo año. Con solo dos meses entre el primer cobro y el final, el Gobierno busca tener flujo de caja disponible de inmediato para comenzar la reconstrucción en las zonas afectadas. El ministro Ávila aclaró que este decreto es solo el primer paso y que vienen otras medidas en la tubería, incluyendo discusiones sobre inversiones forzosas con el sector financiero, que es su forma de decir que podría haber más cobros destinados a fondos especiales de reconstrucción.