El pulso entre el Gobierno y la banca está a punto de intensificarse. Este lunes 23 de febrero, el ministro de Hacienda Germán Ávila se sentará con los presidentes de las principales entidades financieras para comunicarles un decreto que cambiaría las reglas del juego: obligaría a los bancos a invertir en líneas de crédito que el Estado decide, no las que ellos eligieran según su criterio de negocios.

En términos simples, es como si el Gobierno le dijera a los bancos: "Ustedes van a prestarle dinero a quién y para qué nosotros digamos". El ministro justifica la medida con dos argumentos principales. Primero, necesita 8 billones de pesos para reparar los daños de la ola invernal. Segundo, con el salario mínimo que subió 23,7%, las pequeñas y medianas empresas están presionadas y necesitan acceso a créditos más baratos. "Con el objetivo de garantizar recursos suficientes para atender la demanda de crédito", señaló Ávila en un momento anterior. La idea es que entidades como Bancóldex y Findeter canalicen recursos con tasas subsidiadas, en las que el Estado paga parte del interés para que los empresarios paguen menos.

La propuesta no llega en el vacío. Desde 2024 existe un acuerdo voluntario llamado pacto por el crédito donde el Gobierno y los bancos se comprometieron a desembolsar dinero hacia sectores clave. Según cifras oficiales, han entregado más de 214 billones de pesos, que es el 84% de lo que se propusieron. Vivienda e infraestructura ya pasaron la meta, mientras que manufactura, agricultura y turismo van entre 77% y 83%. Pero para el Ejecutivo esto no es suficiente.

Los banqueros no están celebrando la noticia. A través de Asobancaria, su gremio principal, advierten que obligar a los bancos a prestar en sectores y montos específicos puede arruinar el negocio. Según sus cálculos, si se implementa esta medida, las tasas de interés subirían entre 50 y 100 puntos básicos (es decir, entre 0,5% y 1% más caro), el crecimiento económico caería alrededor de 0,3 puntos porcentuales, y se pondría en riesgo la confianza de los inversionistas. Los bancos argumentan que ellos administran los ahorros de millones de colombianos y no pueden tomar riesgos innecesarios.

Lo que está en disputa es fundamental: quién decide cómo fluye el crédito en la economía. El Gobierno cree que el mercado solo no logra financiar lo que el país necesita. Los bancos creen que dejar que ellos decidan, según su análisis de riesgo, es lo que mantiene al sistema seguro y eficiente. El encuentro de este lunes será el momento donde ambos explicarán sus posiciones antes de que el decreto se haga realidad.