El Gobierno Nacional aprobó nuevas cargas tributarias al sector energético para enfrentar la emergencia por la ola invernal que azota varios departamentos del país. La medida más inmediata es una sobretasa del 2 por ciento sobre las ventas brutas de energía que se suma a las transferencias ambientales obligatorias que ya pagan estas empresas. En total, afectará a 16 termoeléctricas y 35 hidroeléctricas distribuidas principalmente en Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, Cesar y Magdalena.

Lo que parece un porcentaje pequeño genera preocupación real en las empresas. Para las hidroeléctricas, esta sobretasa eleva su carga total a 8 por ciento, mientras que para las térmicas queda en 6 por ciento. La diferencia crucial es que se cobra sobre los ingresos brutos de energía vendida, no sobre las ganancias reales. En otras palabras, las empresas pagan incluso en meses donde los márgenes de ganancia son muy ajustados. Esto afecta directamente el efectivo disponible para operación, mantenimiento e inversión en nuevas proyectos.

Grandes operadores como EPM, con 16 centrales en Antioquia incluyendo Hidroituango, sienten especialmente el impacto. Isagén, con 10 plantas, y Celsia, entre otros, también están en la lista. Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén (la asociación del sector), afirmó que "Recibimos esta medida con preocupación y rechazo. No se trata de un cobro sobre las utilidades, sino sobre las ventas brutas de energía; es decir, se paga incluso cuando los márgenes de ganancia son bajos".

Pero hay más. El Gobierno también estableció un impuesto temporal al patrimonio del 1,6 por ciento para petroleras, carboneras y mineras, y del 0,5 por ciento para el sector eléctrico. Este tipo de gravamen funciona diferente al impuesto de renta: se aplica sobre los activos acumulados sin importar si la empresa tuvo ganancias ese año. Una hidroeléctrica con máquinas y tuberías por miles de millones paga este tributo incluso en un año con resultados negativos, comprometiendo dinero que debería ir a deuda, inversión o mantenimiento.

Los analistas estiman que solo por estas dos medidas, las generadoras pagarán aproximadamente 330.000 millones de pesos en total (260.000 millones por el impuesto al patrimonio y 70.000 millones por la sobretasa del 2 por ciento). Esa cifra, traducida al lenguaje de la gente común, es dinero que las empresas no pueden destinar a expandir la red, reparar infraestructura envejecida o absorber costos operativos. Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, advirtió que "El sector de hidrocarburos opera bajo ciclos de inversión de largo plazo. Gravar el patrimonio es, en esencia, gravar la capacidad de invertir".

Existe riesgo de que estos costos adicionales terminen reflejándose en las tarifas de energía que pagan los hogares colombianos. Para empresas en situación financiera complicada como Air-e, la sobrevivencia misma podría estar en juego, obligándolas a endeudarse para cumplir con el Estado. Los gremios también cuestionan la necesidad real de estos tributos, señalando que la Contraloría encontró que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tiene 2,6 billones de pesos sin ejecutar, recursos que podrían destinarse a la emergencia sin castigar al sector generador.