El Ministerio de Hacienda planteó una solución alternativa a un problema que tiene en apuros las finanzas del sistema público de pensiones. En lugar de obligar a las AFP a trasladar directamente miles de millones de pesos a Colpensiones, el gobierno propone que las administradoras vendan sus inversiones en TES a la entidad estatal. Los TES son títulos de deuda que emite el Estado y que las AFP tradicionalmente compran como inversión segura.

El trasfondo del problema es simple: desde que hace poco más de un año el gobierno abrió la puerta para que los afiliados de fondos privados se cambien al sistema público de pensiones, más de 122 mil personas lo han hecho. De estos, casi 24 mil ya están en edad de jubilarse. El costo ha sido alto para Colpensiones: el Estado ya ha gastado más de 5 billones de pesos pagando pensiones a estos trasladados, mientras sus ahorros siguen invertidos en los fondos privados. La propuesta del Ministerio de Hacienda busca que esos ahorros se conviertan en efectivo que ayude a Colpensiones a cubrir estos gastos.

Pero hay un problema legal mayor. El Banco de la República escribió una carta al Ministerio de Trabajo advirtiendo que ninguna ley actual permite este traslado de recursos de las AFP a Colpensiones. Según la normativa vigente, el dinero de los afiliados debe permanecer como ahorro en los fondos privados hasta el momento exacto en que la persona cumple los requisitos para pensionarse. El Banco central fue claro: "De esta manera, el traslado anticipado de los recursos a Colpensiones que contempla el proyecto de decreto no se encuentra autorizado por la ley y excedería las facultades, por lo tanto, las facultades reglamentarias del Gobierno".

Asofondos, la asociación que representa a las administradoras de fondos, también rechazó el borrador de decreto que el Ministerio de Trabajo publicó hace más de dos semanas. Su presidente, Andrés Velasco, advirtió que obligar a las AFP a trasladar estos recursos sería ilegal. El artículo actualmente vigente es claro: esos ahorros deben mantenerse en el fondo y solo trasladarse cuando el afiliado está listo para pensionarse.

Mientras tanto, el borrador de decreto permanece abierto a comentarios en el portal Sucop del gobierno, en medio de un debate más profundo: cómo financiar un sistema de pensiones públicas que enfrenta crecientes presiones fiscales. Lo que comenzó como una ventana de oportunidad para los afiliados se ha convertido en un pulso entre el gobierno, las entidades financieras y el propio Banco de la República sobre quién paga la factura.