El Gobierno acelera los decretos para la emergencia económica y uno de sus pilares será un nuevo impuesto al patrimonio. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó desde Cartagena que esta vez no pueden repetir todas las medidas de la emergencia anterior porque varias quedaron suspendidas por problemas legales. El margen para actuar es más limitado que antes.

El impuesto funcionará así: todas las empresas pagarán una tasa del 0,5% sobre su patrimonio, pero los sectores financiero y minero-energético pagarán más: 1,6%. Solo afecta a compañías con patrimonio líquido superior a 10.400 millones de pesos. Según el ministerio, el 56% de lo recaudado vendrá precisamente de esos sectores con la sobretasa más alta. El Gobierno defiende la medida asegurando que no toca a las empresas pequeñas ni al sector productivo en general.

El calendario de pago es apretado. Las empresas pagarán en dos cuotas: una en abril y otra el 4 de mayo de 2026. Ávila explicó que la prisa obedece a que necesitan dinero rápido para intervenciones inmediatas derivadas de la emergencia, como atender la crisis invernal en el norte del país.

Desde el comercio, sin embargo, llueven las críticas. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, rechazó la decisión de manera contundente. "La decisión apresurada y carente de sustento técnico del Gobierno de elevar el impuesto al patrimonio es un eslabón más de la larga cadena de improvisaciones que en el frente fiscal lo ha caracterizado", aseguró.

Para Cabal, la tarifa de 1,6% en sectores financiero y minero es "un despropósito". Considera que la tasa del 0,5% para el resto de empresas es "un torpedo a las condiciones para que las firmas sigan creciendo y generando empleo". El dirigente gremial también cuestionó si el dinero se usará bien. "Este Gobierno ha demostrado ser un pésimo administrador y por tanto los recursos obtenidos mediante esta vía muy probablemente se despilfarren", señaló.

Cabal añadió que el impuesto al patrimonio es una figura que ha desaparecido en varios países porque, según él, "castiga la innovación y a los empresarios exitosos". La tensión entre lo que necesita el Gobierno para la emergencia y lo que reclama el sector empresarial ya marca el pulso de esta nueva medida fiscal.