El gobierno anunció que el próximo 20 de julio presentará ante el Congreso un nuevo proyecto de reforma tributaria. Esta decisión llega en un contexto donde la administración busca enfrentar lo que describe como una situación fiscal complicada que heredará el próximo presidente.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, explicó en rueda de prensa que la coyuntura es delicada. El país atraviesa una emergencia climática de grandes proporciones, y además la Corte Constitucional ha rechazado dos reformas tributarias anteriores y negó también una declaratoria de emergencia económica. "El Gobierno ha obtenido por parte de la Corte Constitucional la negación de 2 reformas tributarias y la negación de una emergencia económica que llevó a una posterior declaración de una segunda emergencia económica, es decir, tenemos un contexto interno y externo extremadamente delicado", señaló Ávila.

Traducido al lenguaje del día a día: el país necesita más dinero para pagar sus gastos, pero le cuesta conseguirlo. El gobierno no ha podido cobrar más impuestos como quería porque la Corte no lo permitió, y tampoco pudo acceder a créditos de emergencia que hubiera usado para enfrentar crisis. Ahora la deuda crece y el dinero para inversiones se reduce.

El ministro fue claro en señalar que la responsabilidad recae en quien llegue a la presidencia. "Es absolutamente lógico y razonable que el próximo gobierno tenga que atender las necesidades fiscales del país, a través de una propuesta de reforma tributaria", afirmó. En otras palabras: quien asuma en agosto tendrá que sacar adelante una reforma que ya está en camino, aunque sea impopular.

Por ahora el gobierno mantiene en secreto los detalles clave. No se sabe cuántos miles de millones de pesos traerá la propuesta ni qué impuestos subirá o creará. Lo que sí circula entre economistas es una predicción pesimista: algunos expertos sugieren que esta reforma ni siquiera durará un mes en el Congreso, es decir, que enfrenta una batalla legislativa muy difícil desde el inicio.