El Gobierno acaba de otorgarle a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) herramientas nunca antes vistas para actuar con velocidad extrema en las zonas devastadas por las recientes inundaciones. Mediante el Decreto 0174, emitido como parte de la declaratoria de emergencia económica, la ANT se convierte en lo que el documento llama una "policía administrativa" con poder para ocupar temporalmente terrenos, comprarlos o directamente expropiarlos sin necesidad de que un tribunal judicial revise el caso primero.

La medida busca solucionar un problema real y urgente. El Gobierno reporta que al 17 de febrero más de 170.000 hectáreas habían sido arrasadas por el agua en varios departamentos, con Córdoba como la zona más golpeada. Alrededor de 40.000 productores perdieron sus tierras, y según el propio Gobierno, el 65,2 por ciento de los predios dañados pertenecen a pequeños agricultores para quienes la ganadería es su única fuente de ingresos. El decreto autoriza a que esos productores reciban compensación y que se les reubique en otros terrenos.

Pero aquí está el punto que genera alarma entre críticos: los propietarios afectados tendrían apenas 15 días para que la ANT decida quitar sus tierras, y todo sucedería sin que un juez intervenga en la decisión inicial. El exministro de Agricultura Andrés Valencia advirtió que "el Gobierno, de nuevo, está metiendo la expropiación exprés en uno de los decretos de emergencia económica". En teoría, los propietarios pueden demandar después la decisión de la ANT, pero ese proceso judicial puede tardar años, tiempo durante el cual terceros podrían ocupar los predios.

La candidata presidencial Paloma Valencia fue más allá en sus críticas. Señaló que "en menos de 15 días, la ANT podrá quitarle la tierra a la gente sin pagar indemnización y sin que un juez intervenga". También recordó que la Corte Constitucional tumbo en 2024 una medida similar de extinción de dominio exprés. Según Valencia, el Gobierno está "rompiendo los acuerdos" al eliminar la fase judicial que había sido mantenida en otros proyectos legislativos sobre tierras.

El decreto también autoriza a que los predios necesarios para reubicar a damnificados se declaren automáticamente de utilidad pública, permitiendo al Estado saneamiento y mejoras sin mayores trámites. En los departamentos declarados en emergencia, la ANT también acelerará procesos de clarificación de propiedad, deslinde de tierras nacionales y recuperación de baldíos ocupados indebidamente. Todo en nombre de la rapidez: el documento justifica estas medidas diciendo que es "imperioso dotar de eficacia material, celeridad procesal, carácter definitivo y ejecutable a las decisiones" de la ANT.