La decisión del Consejo de Estado de suspender el Decreto 415 de 2026 generó una crisis administrativa en el sistema pensional colombiano. El Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo y Colpensiones expresaron su "profunda preocupación" por las consecuencias que esta medida traerá para miles de colombianos que ya decidieron cambiar de las AFP privadas a Colpensiones bajo una ventana de traslado voluntario.

El quid del problema es financiero. Cuando alguien se traslada de una AFP a Colpensiones, sus ahorros acumulados durante años en la administradora privada deberían moverse también. Sin embargo, el Consejo de Estado bloqueó completamente el decreto que lo permitía. Esto significa que el dinero de esos afiliados sigue atrapado en las AFP privadas, pero la persona ya no contribuye allá. Es decir: Colpensiones debe pagar pensiones a trabajadores sin tener acceso al dinero que financiaría esos pagos.

El Gobierno argumenta que este bloqueo genera un efecto legal perverso. Según la normativa vigente, una persona no puede pertenecer a dos sistemas de pensiones simultáneamente. Pero es exactamente lo que está ocurriendo ahora: gente que se trasladó legalmente, pero cuyos recursos no pueden seguir el mismo camino. "Esta decisión bloquea al sistema, puesto que suspende en su totalidad el Decreto 415 de 2026", señaló el Gobierno en su comunicado.

La administración advierte que aunque la suspensión fue hecha para proteger a los pensionados, el resultado es el contrario. Si Colpensiones no puede acceder al dinero de quienes se trasladaron, será imposible financiar esas pensiones sin afectar la sostenibilidad del sistema completo, lo que podría impactar a todos los afiliados. El Gobierno plantea que este bloqueo crea un riesgo mayor que el que se pretendía evitar con la suspensión.