El Gobierno Petro está siendo franco sobre sus limitaciones presupuestarias. Durante un consejo de ministros en Cartagena, el Ejecutivo reconoció que aunque movilizará cerca de 8 billones de pesos para atender la emergencia climática que azota al país, ese monto probablemente no alcanzará a cubrir todos los costos. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, fue directo al punto: "no está garantizado que con esos recursos podamos cubrir toda la emergencia".

Aquí es donde toca entender qué significa esto en términos prácticos. Colombia enfrenta una situación donde las lluvias han generado inundaciones en varias regiones, afectando especialmente a pequeños agricultores, ganaderos y comerciantes de zonas urbanas que viven al día. El Gobierno necesita no solo ayuda inmediata para los damnificados, sino también créditos accesibles para que esos negocios puedan reactivarse. Ese dinero tiene que salir de algún lado, y cuando el Gobierno dice que necesitará más recursos, en realidad está diciendo que podría cobrarle más impuestos a alguien.

Las medidas que ya están en marcha incluyen un impuesto al patrimonio para empresas. Las compañías con patrimonios líquidos superiores a poco más de 10 mil millones de pesos pagarán una tarifa general del 0,5 por ciento. Pero el sector financiero y el minero-energético enfrentarán una tarifa más alta, del 1,6 por ciento. La idea es que quienes tienen más dinero contribuyan más. Según Ávila, alrededor del 56 por ciento del recaudo esperado vendría de estos dos sectores.

Pero hay más. El Gobierno está negociando con los bancos un esquema donde estas instituciones financieras se vean obligadas a otorgar créditos con condiciones especiales en las zonas afectadas: períodos de gracia de doce meses sin cobro de intereses, manteniendo la calificación crediticia de los deudores. Si los bancos no cooperan voluntariamente, el Gobierno ha advertido que podría imponer lo que llama "una inversión forzosa", que en términos simples significa obligar a los bancos a poner dinero donde el Gobierno considere necesario.

Lo preocupante para empresarios y ciudadanos es que Ávila dejó clara la puerta abierta a nuevas medidas de recaudo. Explicó que "la emergencia está creciendo, se está ampliando los niveles de afectación en otras zonas", por lo que podría ser necesario implementar cobros adicionales si la situación empeora. Aunque no especificó cuáles serían, la advertencia está hecha. El Gobierno busca mantener flexibilidad fiscal mientras que los sectores productivos ya comienzan a calcular cuánto más les costará esta crisis climática.