La tensión entre el Gobierno Petro y las grandes empresas volvió a escalar. Esta vez el foco está en Alpina, que presuntamente cerró las puertas de su planta en Sopó a inspectores del Ministerio del Trabajo que intentaban verificar denuncias de trabajadores. El episodio encendió alarmas en la administración: tanto el presidente como el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, salieron a advertir públicamente que las empresas no pueden simplemente rechazar estos controles.

El ministro Sanguino fue directo en sus redes sociales: "Ninguna empresa puede escapar a nuestra competencia, so pena de las sanciones que con todo rigor impondremos. La inspección, vigilancia y control es un deber del Ministerio de las y los trabajadores, no es un capricho". Explicó que estas inspecciones son sorpresivas y se hacen a nivel nacional precisamente para verificar si las empresas cumplen la ley y en qué condiciones reales trabaja la gente. Luego sentenció: "Quien nada debe, nada teme. Deben permitir la entrada de nuestro equipo de inspectores".

La denuncia inicial vino de Fabio Arias Giraldo, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quien aseguró que Alpina bloqueó el ingreso de los funcionarios. "Es ilegal que Alpina se niegue", declaró Arias, exigiendo acceso inmediato para los inspectores. Aunque los detalles específicos de las quejas laborales no se han hecho públicos, lo que está claro es que algo en esa planta motivó una visita oficial.

Para entender por qué el Gobierno reacciona así: en Colombia, la inspección laboral no es un favor que las empresas puedan aceptar o rechazar. Es un derecho constitucional del Estado para vigilar que se cumplan las leyes del trabajo. Si Alpina realmente impidió que los inspectores entraran, eso podría considerarse como obstrucción a la justicia laboral. Y eso tiene precio. El Código Sustantivo del Trabajo permite que el Ministerio castigue con multas de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales, lo que en términos prácticos significa cientos de millones de pesos.