Las pequeñas y medianas empresas podrían pronto financiarse de una forma muy diferente a la tradicional. La Unidad de Regulación Financiera, que depende del Ministerio de Hacienda, presentó un borrador de decreto que busca permitir que las Mipymes vendan sus facturas y otros derechos de cobro en el mercado de valores. En otras palabras: en lugar de esperar a que los clientes paguen o pedir un préstamo al banco, la empresa podría convertir esas facturas pendientes en dinero inmediato a través de inversionistas interesados.

La entidad explicó que esto busca ampliar el menú de opciones de financiamiento disponibles para pequeños empresarios. Actualmente muchos dependen principalmente de créditos bancarios, que no siempre resulta accesible o favorable. Con este nuevo mecanismo, las Mipymes podrían atraer capital de inversionistas dispuestos a comprar esos derechos de pago a cambio de una ganancia, lo que distribuiría el riesgo de forma más eficiente entre varios actores del mercado.

El sistema funcionaría de dos formas. La primera es a través de sociedades titularizadoras especializadas en activos no hipotecarios, que recibirían las facturas de la empresa. La segunda opción serían sociedades fiduciarias, que actuarían como intermediarias. En ambos casos, los activos que respaldarían los títulos vendidos serían "derechos de cobro de las Mipymes, es decir, obligaciones de pago que terceros tienen con estas empresas como resultado de su actividad económica", detalló la URF.

Para agilizar el proceso, la norma propone un sistema de inscripción automática ante la SuperFinanciera (el supervisor del mercado financiero) sin necesidad de trámites largos y complejos. Según la URF, esto "permitiría agilizar el acceso al mercado de valores, sin afectar la transparencia ni la protección de los inversionistas". Las facturas que se vendan bajo este esquema deben cumplir requisitos básicos: ser identificables, estar formalmente transferidas al intermediario y generar flujos de pago confirmados que respalden los títulos emitidos.

Los títulos emitidos podrían tener diferentes plazos, tasas de interés y condiciones de pago según lo que acuerden empresa e inversionistas. Si el decreto se aprueba, significaría una alternativa real para empresarios que hoy luchan por acceder a crédito o que prefieren no endeudarse en el sistema bancario tradicional.