La relación entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Banco de la República llegó este martes a un punto de quiebre poco visto. Mientras se desarrollaba la reunión de junta directiva del emisor, el ministro de Hacienda Germán Ávila decidió retirarse de la sesión, convocó de manera independiente una rueda de prensa y adelantó que la mayoría de la junta había votado por aumentar la tasa de interés en 100 puntos básicos, llevándola a 11,25 por ciento. Lo inusual del movimiento rompió el guión que normalmente rige estos encuentros, donde ministro y gerente comparecen unidos tras la decisión de política monetaria. La escena dejó al descubierto el deterioro que existe en la relación entre el Ejecutivo y los codirectores del Banco.

En su intervención, Ávila fue directo. Tachó la decisión de "desproporcionada" y cuestionó abiertamente el rumbo de la política monetaria. Además, advirtió que el Gobierno iba a tomar distancia del Banco hasta que, en sus palabras, la junta entienda mejor la realidad económica y social del país. Más allá del tono confrontacional, el mensaje fue eminentemente político: el ministro no se conformó con expresar un voto en contra, sino que llevó lo que debía ser una discusión técnica hacia un pulso institucional abierto. Ese es realmente el trasfondo de lo que sucedió este martes.

La fricción entre estos dos actores centrales de la política económica no es nueva. Ya en enero de 2026, cuando la junta aprobó un aumento de 100 puntos básicos llevando la tasa de 9,25 por ciento a 10,25 por ciento, quedó clara la fisura. En esa ocasión, cuatro miembros votaron por el alza, dos pidieron reducirla y uno prefirió mantenerla. Desde entonces, el Gobierno ha insistido en que las tasas altas frenan la economía y encarecen el servicio de la deuda, mientras que la mayoría del Banco ha defendido una postura más restrictiva para controlar las presiones inflacionarias. Analistas ya esperaban este nuevo aumento de 100 puntos antes de la reunión de hoy.

La composición de la junta está conformada por siete miembros: el ministro de Hacienda, el gerente general y cinco codirectores. Según el propio Banco de la República, todos deben velar por el interés general de la Nación, y la participación del ministro está pensada para coordinar la política económica del Gobierno con la autonomía que requiere el emisor, sin reemplazarla. Precisamente ese equilibrio quedó en cuestionamiento este martes. El Banco tiene el mandato de preservar el poder adquisitivo de la moneda y mantiene una meta de inflación del 3 por ciento. En su informe de enero advirtió que la inflación cerró 2025 en 5,1 por ciento y que podría ascender a 6,3 por ciento en 2026, muy por encima de su objetivo.