El conflicto por los pasaportes colombianos volvió a meterse en un callejón sin salida. La Cancillería intervino nuevamente en el trámite judicial que adelanta el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para frenar la demanda de la Procuraduría contra el contrato con Portugal, justo cuando el Gobierno estaba a punto de cambiar el modelo de producción de los documentos de viaje. Lo que parecía un avance en el proceso judicial ahora se ve complicado por una batalla de competencias entre autoridades.

La Procuraduría General busca declarar "nulidad absoluta" del convenio colomboportugués que comprometió más de 1,3 billones de pesos en desembolsos. El tribunal admitió la demanda el 20 de octubre de 2025, pero la Cancillería ha presentado objeciones legales una y otra vez. El ministerio que lidera Rosa Villavicencio sostiene que todas las controversias del contrato deben resolverse en un tribunal de arbitramento internacional, no en los juzgados colombianos. Según la Cancillería, el punto 25 del acuerdo determina esto claramente. El tribunal respondió en términos simples: las objeciones de competencia no son el lugar adecuado para paralizarlo todo, pero se abstendrá de pronunciarse sobre el fondo del asunto mientras esto se resuelve.

El enredo se complicó aún más con la notificación a Portugal. El tribunal elaboró una carta rogatoria, mecanismo legal para comunicar a entidades extranjeras sobre un litigio, basándose en el Convenio de La Haya de 1965, que desde hace décadas establece cómo los países intercambian documentos judicales en asuntos civiles o comerciales. El 18 de marzo, el tribunal envió todo debidamente diligenciado a la Cancillería en portugués, pidiendo que lo remitiera al Ministerio de Justicia Portugués. Pero el 27 de marzo, la Cancillería respondió con un oficio de dos páginas diciendo que el Convenio de La Haya no era aplicable al caso, sin explicar las razones. Luego pidió que se redactara la carta de otra forma, con requisitos diferentes, y agregó que no garantizaba que Portugal respondiera, invocando "los principios de reciprocidad, voluntariedad y soberanía". En otras palabras, el Gobierno colombiano metió nuevas trabas a un proceso que ya estaba lento.

Mientras la justicia se debate en oficios y objeciones, el asunto trae cola en la administración. La Procuraduría sancionó a Álvaro Leyva, exministro de Exteriores, con diez años de inhabilidad para cargos públicos por su participación en la declaratoria desierta de la licitación de pasaportes en 2023. La Fiscalía le imputó prevaricato el 9 de diciembre. Leyva enfrentó críticas internas incluso de Martha Lucía Zamora, entonces jefa de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, por buscar anular la licitación sin resolver antes una conciliación que le evitara al Estado costos millonarios. Laura Sarabia, exministra de Exteriores y cercana al presidente Petro, renunció en julio en medio de enfrentamientos sobre el contrato con Portugal. Alfredo Saade, jefe de Despacho Presidencial, fue suspendido temporalmente por conductas indebidas relacionadas con presionar la firma del acuerdo.

El Gobierno logró que Thomas Greg & Sons, la multinacional que fabrica pasaportes desde 2007, extienda sus tareas hasta abril de 2026 mientras afina detalles con Portugal. El presidente Gustavo Petro presentó en febrero de 2026 el nuevo modelo de pasaportes que la Imprenta Nacional debería producir desde el primero de abril. Pero la Contraloría advirtió en marzo sobre retrasos en los términos, incremento en costos operativos y demoras en la importación de máquinas necesarias para la producción.

El enredo judicial sigue sin desatarse. Mientras funcionarios cruzan oficios y se lanzan objeciones legales, la viabilidad del contrato con Portugal permanece en suspenso. La Procuraduría espera que el tribunal se pronuncie sobre si las transferencias al país europeo deben suspenderse, pero antes debe resolverse si la justicia colombiana siquiera tiene competencia para decidir. Entretanto, la producción de pasaportes colombianos vuelve a estar en una encrucijada, esta vez sin la claridad de quién exactamente los fabricará y bajo qué términos.