El bolsillo de los conductores colombianos respira un poco más tranquilo en marzo. El galón de gasolina bajó $501 en todo el país desde el 1 de este mes, una reducción que se suma a otra de $500 que había ocurrido en febrero. En números reales, quienes llenan tanque en Medellín ahora pagan $15.411 por galón, $501 menos que hace un mes.

Esto no es casualidad, según el Ministerio de Minas y Energía que encabeza Edwin Palma. El gobierno explica que esta rebaja viene del ajuste del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, ese mecanismo que existe precisamente para proteger a los colombianos cuando el precio internacional del petróleo se vuelve loco. Traduciendo esto al lenguaje de la gente: el fondo actúa como un amortiguador para que los precios no suban y bajen como montaña rusa según lo que pase en los mercados globales.

Los números en las principales ciudades cuentan la historia: en Bogotá pasó de $15.991 a $15.491, en Cali de $16.002 a $15.500 y en Barranquilla de $15.626 a $15.124. El ministro Palma aseguró que "hoy podemos decir con orgullo que el esfuerzo de este Gobierno se traduce en un alivio concreto para los colombianos: entre febrero y marzo logramos una rebaja acumulada de $1.000 por galón. Cuando se gobierna con responsabilidad, las decisiones tomadas se sienten en la vida diaria de la gente".

Ahora bien, quien paga la factura de esta reducción es interesante conocerlo. David Jiménez, vocero de los gremios de estaciones de combustibles Comce y Fendipetróleo, explicó que lo que bajó fue el ingreso que reciben Ecopetrol (la petrolera estatal) e importadores. Como el 40% de la gasolina que se consume en Colombia viene importada, estos actores tendrán menos dinero por cada galón que vendan. El diésel se mantuvo sin cambios y los impuestos e impuestos e impuestos siguen siendo los mismos: lo que cambió fue cuánto gana quien produce o trae el combustible.

El gobierno promete que seguirá vigilando los precios internacionales del petróleo y el comportamiento del fondo para asegurar que las decisiones futuras sigan siendo "sostenibles y equilibradas". En otras palabras: que el alivio no sea solo una foto de corto plazo, sino parte de una estrategia que aguante en el tiempo sin romper las finanzas públicas.