La organización gremial Fedegán envió una carta a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, para advertir sobre un riesgo que ven en uno de los decretos que el Gobierno expidió como parte de sus medidas de emergencia económica. El problema está en el Decreto 0174, que autoriza a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a actuar como una "policía administrativa" con capacidades que antes no tenía.

En concreto, este decreto le permite a la ANT ocupar de manera temporal, adquirir e incluso expropiar fincas cuando sea necesario para atender situaciones de desastre o calamidad pública. Suena razonable en teoría: durante una inundación o emergencia, el Estado necesita terrenos para atender la crisis. El problema, según ven los ganaderos, es que la redacción del decreto podría abrir la puerta a interpretaciones que terminen legitimando lo que hasta ahora ha sido ilegal.

"Las invasiones ilegales que infringen la ley y afectan a los legítimos propietarios de los predios son un elemento bastante nocivo que afecta la paz y la convivencia en la ruralidad como lo ha vivido el sector ganadero estos últimos años", expresó José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán. En otras palabras: los ganaderos ya sufren ocupaciones ilegales de sus tierras y temen que este decreto débil en detalles les dé legitimidad a quienes invaden fincas.

Lafaurie advirtió además sobre otro riesgo importante. Si la ANT puede adjudicar o permitir que alguien ocupe un predio simplemente porque ya está ocupando (sin que medie un proceso formal de adjudicación), esto podría convertirse en un incentivo para que más personas se apoderen de tierras ajenas. El mensaje implícito sería: ocupa una finca y eventualmente podrá ser tuya mediante este decreto.

El gremio también cuestiona que el decreto desplace a los jueces de sus competencias naturales. "Es indudable que buena parte de la seguridad jurídica reposa en los jueces de la República y sus decisiones. Por ello, eliminar su competencia para conocer asuntos como el que se comenta, a nuestro juicio, fractura dicha seguridad jurídica y potencialmente puede vulnerar el derecho a un debido proceso", plantean en la carta. En términos prácticos: los Fedegán creen que quitarles poder a los jueces para resolver estas situaciones debilita la protección legal de los dueños de tierras.