Un exdirectivo de la Fiduprevisora renunció a su cargo tras negarse a firmar una serie de convenios que buscaban transferir recursos millonarios del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres hacia entidades de educación y agricultura. La denuncia, revelada por el periodista Santiago Ángel Rodríguez en una columna del diario La República retomada por La FM, expone lo que describe como un escenario de presión laboral y presuntos hechos irregulares en la administración de fondos públicos destinados a emergencias.

El exdirectivo, identificado como Óscar Eduardo García Montes, quien ocupaba la Vicepresidencia de Contratación Derivada de la Fiduprevisora (el área encargada de autorizar los gastos de la entidad), formalizó su salida mediante una carta fechada el 18 de junio de 2026. En el documento, García denunció que fue asignado de manera irregular a ese cargo y que recibió "presiones para suscribir convenios de muy alta cuantía sin contar con el tiempo suficiente para realizar una revisión técnica y jurídica adecuada". Según la denuncia, estas presiones buscaban movilizar los recursos antes de la segunda vuelta presidencial de 2026.

García manifestó que se negó a firmar los convenios porque consideraba que existían indicios de corrupción detrás de las transferencias. Aunque el Ministerio de Agricultura ha precisado que estos recursos finalmente nunca fueron transferidos (porque no contaron con la firma del vicepresidente), el incidente revela cómo funcionarios de la Fiduprevisora podrían haber estado presionados para autorizar movimientos de dinero de forma irregular.

La situación escaló en el Gobierno. La semana pasada, a través del Decreto 0668 de 2026, el Ministerio de Hacienda oficializó la salida de Diego Andrés Salcedo Monsalve como presidente de Fiduprevisora, siendo reemplazado temporalmente por Rosa Dory Chaparro Espinosa, jefa de la Oficina Asesora Jurídica de Hacienda. Aunque el Gobierno no ha confirmado conexión directa con el caso de García, los cambios sugieren una revisión de la gestión en la entidad que administra fondos críticos para responder a desastres naturales en el país.