Medellín enfrenta una de sus mayores estafas recientes en el comercio de vehículos usados. La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal tras descubrirse un fraude que perjudicó a más de 450 personas, quienes perdieron millones de pesos entregando dinero, automóviles o ambos a concesionarios que desaparecieron sin dejar rastro.

El esquema funcionaba de manera aparentemente sencilla al principio. Los clientes llegaban a establecimientos ubicados en zonas exclusivas de Medellín, como la avenida El Poblado, donde dejaban sus vehículos en consignación para ser vendidos o realizaban pagos adelantados para comprar carros de gama media y alta. Todo parecía legítimo. Pero con el paso de los días comenzaron los retrasos, la falta de comunicación y finalmente el cierre de los locales. Cuando las víctimas acudieron a los concesionarios, encontraron puertas cerradas, sin vehículos a la vista y sin nadie que respondiera por sus bienes. "Los locales estaban desocupados y no había rastro de los carros", relató uno de los afectados, una versión que se repite en cientos de denuncias.

Entre los establecimientos investigados aparecen Autos MG y AutoSur. Las autoridades sospechan que se trata de un esquema más complejo: identificaron al menos tres empresas fachada vinculadas al caso, lo que sugiere una operación coordinada y planeada. Los investigadores analizan contratos, movimientos bancarios, registros comerciales y comunicaciones para reconstruir cómo se montó el fraude y quiénes lo ejecutaron.

Un elemento que puso en alerta a la Fiscalía fue la muerte de Yovany Quintero Saldarriaga, señalado como fundador o figura visible de una de las empresas involucradas. El fallecimiento ocurrió el 14 de marzo en Envigado. Según lo conocido, tras su muerte los concesionarios cerraron inmediatamente y dejaron de responder a los clientes. Solo enviaban mensajes informales comunicando el fallecimiento y prometiendo respuestas que nunca llegaban. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis en relación con esa muerte.

La magnitud del caso obligó a la Fiscalía a designar un fiscal especializado para liderar la investigación en Medellín, con apoyo de la policía judicial. La administración municipal, a través del alcalde Federico Gutiérrez, anunció acompañamiento a las víctimas y coordinación con las autoridades. El mandatario expresó que "no están solas" y que ya se agrupan las denuncias para identificar a los responsables. Las labores incluyen análisis de cámaras de seguridad, rastreo de vehículos, verificación de placas y seguimiento a transacciones económicas.

Por ahora, la investigación continúa en fase de recolección de pruebas y consolidación de denuncias, pero el número de afectados sigue creciendo. Las autoridades advierten sobre la importancia de que cualquier persona que haya sido víctima de prácticas similares formalice su denuncia para contribuir a esclarecer el caso y buscar rutas de recuperación de los bienes perdidos.