La relación entre la Alcaldía de Medellín y la Defensoría del Pueblo atraviesa un nuevo momento de tensión. El alcalde Federico Gutiérrez disparó una acusación contra la entidad defensora a través de una carta abierta dirigida a Iris Marín Ortiz, pidiendo que se investigue disciplinariamente a funcionarios de esa institución por lo que él considera un acompañamiento inapropiado a una acción que violó la normativa.

Todo sucedió el pasado sábado 4 de julio cuando un grupo de personas pintó un mural en el puente vial de la Avenida Ferrocarril con San Juan, sin contar con las autorizaciones que exige la ciudad. Lo inusual fue que servidores públicos de la Defensoría del Pueblo estuvieron presentes en el sitio, portando sus chalecos y emblemas oficiales, lo que desde la perspectiva del Distrito se interpretó como una validación de la infracción al espacio público.

Pero la preocupación del alcalde va más allá de una simple violación del Código de Policía. Gutiérrez señaló que el mural, junto con panfletos que circulaban en el sitio alusivos al 50 aniversario de la Carta de Argel, representa "apología a un movimiento que está siendo investigado internacionalmente como terroristas por la comisión de graves delitos, entre estos, por el Departamento de Justicia de EE. UU." Para el mandatario local, resulta "impresentable" que entidades encargadas de defender derechos humanos terminen avalando actos que incumplen la ley y promocionan mensajes ligados a grupos delictivos.

La respuesta de la administración fue inmediata. Junto con la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana, se procedió a remover y restaurar el mural de manera rápida. Gutiérrez aprovechó para aclarar que su gobierno apoya el arte urbano, pero subraya que este debe respetar la normativa. "La libertad de expresión tiene límites y no puede utilizarse para promover el odio", remarcó el alcalde, estableciendo así su posición sobre dónde traza la línea entre la expresión artística legítima y lo que considera inaceptable en la ciudad.