Una situación que pudo terminar en cárcel para dos colombianos fue resuelta gracias a la intervención de la Procuraduría General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia. Wendy Camila Flórez Rodríguez y Diego Andrés Castellanos fueron acusados de extorsión tentada, pero finalmente fueron absueltos tras demostrar que su conducta no encuadraba legalmente en ese delito.

Todo comenzó en agosto de 2018, cuando una de estas personas encontró un celular en Transmilenio. Contactó al dueño y le propuso devolverlo a cambio de 200 mil pesos. Lo que parecía una simple negociación terminó llevando el caso hasta los tribunales más altos del país, con la acusación de extorsión colgando sobre sus cabezas.

La Procuraduría Primera Delegada para la Casación Penal fue clave en este proceso. Su argumento fue directo: aunque el comportamiento de los acusados era socialmente reprochable, carecía de lo que en derecho se llama tipicidad objetiva. Esto significa que no existió constreñimiento mediante violencia, intimidación o amenaza idónea para doblegar la voluntad de la víctima. Sin estos elementos, simplemente no había delito de extorsión que condenar.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia acogió completamente este concepto y decidió absolver a ambos ciudadanos. Con esta decisión, la Procuraduría ha sentado un precedente importante sobre dónde están realmente los límites de la extorsión en la ley colombiana. Contribuye a preservar principios fundamentales como la legalidad, la tipicidad y la culpabilidad, garantizando que el Estado solo castigue conductas que realmente configuren un delito y respetando las garantías constitucionales del debido proceso.