Desde hace meses, Colombia enfrenta una crisis silenciosa en su mercado de gas natural. Canacol Energy, la segunda empresa proveedora más importante después de Ecopetrol, se declaró insolvente ante la Corte del Rey de Alberta, Canadá, su país de domicilio, en noviembre del año pasado. En junio pasado, esa corte le autorizó rechazar y rescindir contratos de suministro y transporte, decisión que afecta directamente a 19 acuerdos suscritos en Colombia. La compañía intentó tranquilizar a través de un comunicado oficial, asegurando que "la Corte reconoció las características particulares del mercado colombiano de gas natural y estableció salvaguardas para proteger los usuarios regulados, como hogares, pequeñas empresas", pero dejó en la incertidumbre a los usuarios no regulados.

El problema va mucho más allá de lo que parece. Cerromatoso, la empresa minera que produce ferroníquel, es quizás el ejemplo más crítico: depende del 82% de su suministro de gas de Canacol para mantener dos hornos funcionando las 24 horas del día, siete días a la semana. Cualquier interrupción podría causar daños estructurales graves a sus equipos, paralizar su operación y poner en riesgo más de 2.000 empleos. Las consecuencias serían devastadoras: menos divisas para el país por exportaciones, menores ingresos tributarios y regalías reducidas para las entidades territoriales.

Antes de la insolvencia, Canacol ya venía incumpliendo. Pasó de suministrar 100 millones de pies cúbicos diarios a apenas 70, una caída del 30%. En la región Caribe, la reducción fue aún más drástica: del 50% del suministro regional. Cerromatoso vio caer sus entregas de 16 millones de pies cúbicos contratados hasta los 7, lo que obligó a la empresa a reducir su operación en un 25% desde julio, generando pérdidas en la demanda de carbón cordobés de hasta el 50%.

El estrés en el mercado gasífero está alterando las decisiones de los grandes consumidores. Ante la incertidumbre, los industriales han bajado su consumo en un 26% durante el año, migrando hacia combustibles más confiables como derivados del petróleo, GLP e incluso carbón. Esto significa un retroceso en la transición energética del país, que tiene justamente en el gas natural su energético de transición.

La buena noticia es que la decisión canadiense no es automática en Colombia. La Superintendencia de Sociedades tiene la facultad legal de rechazarla. La Ley 1116 de 2006 contempla una excepción de orden público que le permite a las autoridades colombianas negar medidas "manifiestamente contrarias al orden público de la República de Colombia". Esta instancia tiene en sus manos la defensa de la institucionalidad, la credibilidad de los contratos, los usuarios y la seguridad energética nacional, responsabilidades que no pueden estar ajenas tampoco a la Superintendencia de Servicios Públicos y el Ministerio de Minas y Energía.