El gremio empresarial Fenalco encendió las alarmas respecto al Decreto 0234 del 6 de marzo, una medida del Ministerio de Trabajo que busca transformar cómo se negocia entre empresas y trabajadores en Colombia. La inquietud de los comerciantes radica en que esta regulación permitiría crear lo que califican como "megasindicatos sectoriales" con poder para fijar condiciones laborales que se aplicarían de manera uniforme a todas las compañías de un mismo ramo económico.

Para entenderlo mejor: imagine que los sindicatos de restaurantes en una ciudad negocian sueldos y prestaciones con algunos empleadores. Bajo esta nueva regla, esos acuerdos se extenderían automáticamente a todos los restaurantes del sector, aunque sus dueños jamás estuvieron presentes en esa mesa de negociación. Para Fenalco, esto es problemático porque las empresas que no participaron tendrían que asumir obligaciones económicas que desconocían.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, explicó que el impacto sería especialmente grave en las micro, pequeñas y medianas empresas. "Esta medida podría representar nuevas cargas salariales significativas para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que tendrían que asumir obligaciones derivadas de negociaciones en las que no tuvieron representación directa", afirmó. Para una pequeña tienda o taller, recibir de repente obligaciones salariales que no negoció puede significar la diferencia entre mantener sus empleados o reducir personal.

Pero hay un segundo aspecto que preocupa al gremio: el decreto aparentemente obligaría a trabajadores que no son miembros del sindicato a contribuir económicamente a este. Cabal advirtió que "Esta disposición desconoce abiertamente el derecho a no asociarse, principio que hace parte de la libertad sindical y está protegido por la Constitución". En otras palabras, un empleado que prefiera no afiliarse al sindicato tendría que pagarle de todas formas, lo que Fenalco considera una violación de derechos fundamentales.

El gremio también cuestionó el procedimiento utilizado. Según Cabal, cambios de esta magnitud deberían discutirse en el Congreso y no implementarse directamente mediante decretos administrativos. "Este tipo de cambios en el modelo de negociación laboral deberían debatirse en el Congreso, y no implementarse mediante regulación administrativa, dada la magnitud de sus efectos sobre trabajadores, empresas y el mercado laboral en general", indicó. La preocupación es que si se normaliza este tipo de decisión por decreto, podría abrirse una puerta a que otras políticas laborales importantes se tomen sin participación legislativa.