Tras las inundaciones y lluvias que afectaron la costa, el gobierno declaró una emergencia económica y expidió varios decretos con el objetivo de recaudar cerca de 8 billones de pesos. Sin embargo, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, ve en estas medidas mucho más que una solución temporal a una crisis. Para él, lo que está ocurriendo es una reforma tributaria por decreto que aprovecha la emergencia como justificación.

El dirigente gremial tiene razones claras para preocuparse. Uno de los decretos más polémicos es el 0240, que amplía el impuesto extraordinario al patrimonio a las sucursales y establecimientos permanentes de empresas extranjeras. En otras palabras: se están subiendo los impuestos a las compañías internacionales que operan en Colombia, justo cuando el país necesita atraer inversión. Cabal sostiene que estas cargas adicionales desincentivarán la inversión y erosionarán la confianza en la estabilidad de las reglas del juego económico.

Pero la preocupación va más allá de los nuevos impuestos. Fenalco también señala que varios decretos están relajando los controles sobre cómo se gasta el dinero público. El decreto 0245, por ejemplo, permite que el Departamento de Prosperidad Social entregue transferencias monetarias extraordinarias con criterios que serán definidos después, sin publicidad previa de esas decisiones. Traducido: habrá dinero público asignado sin que antes se explique públicamente a quién irá.

Igualmente problemático resulta el decreto 0243, que autoriza a alcaldes y gobernadores a modificar presupuestos y contratar créditos sin que concejos y asambleas tengan que aprobar eso primero. En momentos cuando el país se prepara electoralmente, esto representa un riesgo mayor. "El mensaje es grave: más discrecionalidad para asignar recursos y menos controles para vigilar su uso", afirmó Cabal.

Hay otro decreto que genera inquietud: el 0244 establece subsidios y garantías para créditos productivos sin mecanismos claros de transparencia ni forma de rastrear adónde van realmente los recursos. Para Fenalco, todo esto configura un escenario donde "la flexibilización de reglas para subsidios, presupuesto territorial y ejecución de programas con recursos estatales configura un escenario de alto riesgo para la confianza institucional y la integridad en el uso del dinero público".

El punto central del argumento gremial es que una cosa es atender una crisis y otra muy diferente es usar esa crisis para cambiar las reglas del juego tributario, presupuestal y administrativo sin debate en el Congreso. La emergencia, dice Cabal, no puede servir de excusa para debilitar los controles que garantizan que el dinero público se use correctamente y que las reglas permanezcan estables para que los empresarios inviertan.