Mientras el Gobierno suscribe los primeros acuerdos parciales con manifestantes sobre la crisis del predial, Fedemunicipios salió al paso con un mensaje claro: culpar a los alcaldes es injusto y engañoso. Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de la organización, fue directo en su reclamo: "Culpar a los alcaldes de los aumentos en el predial que hoy perciben los ciudadanos es irresponsable y demagógico, los municipios están cumpliendo la ley basándose en lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro".

El punto es importante para entender quién realmente mandó hacer esto. La actualización catastral no fue capricho de los alcaldes. Fue ordenada por el propio Gobierno a través del artículo 49 de la Ley 2294 de 2023, que instruyó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, la entidad oficial que calcula el valor de los predios) a revisar los avalúos en 520 municipios. Aquí está el detalle que molesta: ni siquiera los alcaldes deciden cuál es el valor de los predios. Eso lo hace el IGAC y el Gobierno Nacional. Los mandatarios locales solo aplicaron la norma. Sin embargo, ellos son quienes reciben a ciudadanos enojados pidiendo explicaciones por el aumento de impuestos, aunque no diseñaron la política.

Fedemunicipios advierte que esta situación ha dejado impactos serios en los territorios: protestas, conflictividad y erosión de la confianza en la administración local. El riesgo real que ven desde la Federación es que si el Gobierno no toma claramente las riendas del proceso, otros municipios que aún no han entrado en conflicto abierto podrían enfrentar rebeliones similares.

En cuanto a los avances, el IGAC informó que en las jornadas de concertación del viernes "se logró avanzar en las mesas de concertación y alcanzar un primer acuerdo". Entre lo pactado figuran la activación de la Mesa Nacional de Garantías para líderes sociales y el compromiso de no crear nuevos bloqueos. Los manifestantes también se comprometieron a permitir pasos humanitarios e intermitentes en las vías, una medida crucial en regiones donde rutas clave hacia Antioquia, Bogotá, Barrancabermeja y Norte de Santander habían quedado completamente cerradas. Santander fue especialmente afectado, con diez municipios incomunicados en los peores momentos.

La Mesa Nacional de Negociación y Concertación está programada para instalarse el lunes 13 de abril a las 10 de la mañana, con participación del Ministerio de Hacienda, el DNP, el DANE, la Superintendencia de Notariado y Registro y otras entidades clave.

Fedemunicipios hizo un llamado directo al Gobierno: que asuma responsabilidad sobre su propia política. "Se requiere mayor articulación y pedagogía desde el Gobierno Nacional para evitar desinformación y afectaciones a la gobernabilidad local", agregó Toro Giraldo. Traducido: si el Ejecutivo no explica bien qué está pasando y por qué, los alcaldes continuarán siendo el chivo expiatorio de una decisión que vino desde arriba.