El gremio asegurador Fasecolda salió al paso de la polémica desatada por el congelamiento del decreto que aumentaría el salario mínimo en casi una cuarta parte a partir del próximo año. La entidad considera que el Consejo de Estado tomó la decisión acertada al detener esa medida, justamente para que se revisen los mecanismos y procedimientos que se usaron para llegar a esa cifra.

Lo que propone Fasecolda es un cambio de enfoque: en lugar de que el Gobierno imponga aumentos unilaterales del salario mínimo, deberían modificarse las leyes que rigen este tema. La entidad plantea que se haga "de forma ordenada y metódica, como un gran proyecto de Estado y de país". Para ello sugiere revisar exhaustivamente cómo funcionan actualmente las normas de indexación (el mecanismo que ajusta salarios y pensiones según la inflación) y reformar los procedimientos para los aumentos periódicos.

El punto más delicado en la discusión es lo que Fasecolda llama la sostenibilidad del sistema pensional. Aquí es donde entra una realidad que pocos explican claramente: cuando sube el salario mínimo de forma muy acelerada, suben también las cotizaciones a pensiones que pagan tanto trabajadores como empleadores. Esto presiona las finanzas de todo el sistema. Por eso la entidad insiste en que "el propósito legítimo de materializar el concepto constitucional de salario vital no puede lograrse desconociendo o sustituyendo la explícita metodología prevista en la ley vigente".

En otras palabras, Fasecolda dice que es correcto buscar que los salarios alcancen a cubrir el costo de vida real de una familia colombiana, pero eso debe hacerse a través de cambios legales ordenados, no saltándose los procedimientos establecidos. La entidad advierte que actuar por fuera de estas reglas crea incertidumbre legal y pone en riesgo la estabilidad de quienes dependen de pensiones.