Daniel Oviedo, exdirector del Dane y fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, se vio obligado a detener su viaje en Tona, Santander, atrapado por el paro nacional que mantiene bloqueadas las principales vías del nororiente del país. Desde ese punto, con apenas cuatro horas aún por recorrer antes de llegar a su destino, el economista aprovechó para hacer un análisis crítico sobre la crisis que generó el catastro multipropósito.

El problema, según Oviedo, está en cómo se calculó. El artículo 49 del Plan de Desarrollo autorizó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) a actualizar los valores de los predios rurales usando una fórmula matemática sin necesidad de inspeccionar físicamente cada terreno. El resultado fue caótico: incrementos de valor que, en algunos casos, alcanzaron cifras descomunales. "Los campesinos quieren pagar impuestos, pero estos deben estar basados en la evidencia y en la productividad de su tierra", manifestó Oviedo. El economista señala que la fórmula ignoró información crucial: qué se cultiva en cada lote, cuánto dinero genera realmente y cuál es la carga tributaria que el propietario puede soportar sin quebrar su negocio agrícola.

Lo que molesta a Oviedo no es la idea de cobrar impuestos en el campo, sino que se cobre de forma desconectada de la realidad económica. Calificó la situación como resultado de "la improvisación del Gobierno Petro y su ley del plan de desarrollo". Sin embargo, también cuestionó los bloqueos de vías como "mecanismo de chantaje y extorsión", argumentando que las correcciones debieron haberse hecho antes de paralizar el país.

Desde su perspectiva pragmática, hay otro costo que nadie está calculando. Los bloqueos que llevan más de 48 horas continuas en puntos estratégicos como La Laguna en Mutiscua pueden traducirse en escasez de alimentos y, por lo tanto, en aumentos de precios en las tiendas. "En un país que vio la inflación crecer durante el actual Gobierno", advierte Oviedo, esta interrupción del transporte de carga puede golpear el bolsillo de las familias colombianas.

El presidente Gustavo Petro respondió señalando que el avalúo catastral no se modifica desde hace veinte años, lo que ha permitido que grandes propiedades improductivas escapen del pago de impuestos. Para Petro, la responsabilidad sobre cuánto se cobra no recae en el Gobierno nacional sino en los concejos municipales, que son quienes fijan la tasa del impuesto predial. Según el mandatario, los alcaldes pueden aplicar tarifas más altas para haciendas no productivas y terrenos de engorde, y más bajas para campesinos y pequeños propietarios. Acusó a los opositores de la reforma de "engañar" a pequeños propietarios haciéndoles creer que es el Gobierno central quien pone los impuestos.