España abrió este miércoles sus archivos más delicados. El gobierno de Pedro Sánchez desclasificó 153 documentos sobre el intento de golpe militar del 23 de febrero de 1981, una fecha que marca el momento más tenso que vivió la joven democracia española tras la caída de la dictadura franquista. Aquella madrugada, el coronel Antonio Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados, disparó tres veces al aire, y retuvo a legisladores y ministros que votaban la elección del nuevo presidente. Los expedientes, ahora públicos en la página de la Moncloa, incluyen transcripciones de conversaciones, planes de operación militar e informes policiales y judiciales que estaban guardados desde hace 45 años.

Lo más inquietante que revelan estos documentos es la frialdad con que los golpistas planeaban actuar. Un soldado que participó en la toma de Televisión Española fue instruido para "dispara a matar" en caso de resistencia. El uniformado recordó la orden de forma cínica: "El primer tiro al aire y el segundo a dar", refiriéndose así a matar a cualquiera que se opusiera al golpe. Ese mismo día, después de las 20:00, un grupo de militares de la División Acorazada Brunete ocupó RTVE para controlar la transmisión televisiva, impedir que el gobierno constitucional usara los medios, y difundir los comunicados de los sublevados. Los soldados pasaron la noche atrincherados en las instalaciones.

Los documentos también revelan que el servicio secreto español de la época, el Cesid (antecesor del actual CNI), tenía conocimiento de la trama. Según un informe sin fecha ni firma, seis miembros de esa agencia participaron activamente en los hechos, bien como conocedores del golpe, facilitadores de su ejecución o como encubridores posteriores. Un capitán proporcionó emisores, vehículos y otros medios logísticos para los militares que atacaban el Congreso. De los implicados, solo el capitán Gómez Iglesias fue condenado a seis años de cárcel; otro comandante fue absuelto.

El rey Juan Carlos I jugó un papel que cambió el curso de esos hechos. En las primeras horas de la madrugada, ordenó al general Milans del Bosch, uno de los líderes de la revuelta, que retirara todas las unidades desplegadas. "Cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el Rey, es contra el Rey", afirmó entonces el monarca, según los documentos. "Juro que ni abdicaré la Corona, ni abandonaré España. Quien se subleve está dispuesto a provocar y será responsable de ello, una nueva guerra civil". El secretario general de la Casa Real incluso contactó directamente al coronel Tejero mientras este ocupaba el hemiciclo, exhortándolo a desistir inmediatamente de sus planes. Los gobiernos de todo el mundo respaldaron la posición del rey: llegaron misivas de solidaridad desde México, Argentina, Cuba, Uruguay, Reino Unido, Alemania y China, entre otros. Incluso Fidel Castro envió una carta reconociendo la "rápida y decidida participación" del monarca.

Sin embargo, hubo un momento donde casi se genera una crisis diplomática. El embajador estadounidense en Madrid, Alexander Haig, fue abordado por la prensa el mismo 23 de febrero y respondió que lo que pasaba era "un asunto interno". En plena Guerra Fría, cuando un gobierno socialista estaba en juego, esa frialdad fue interpretada en España como indiferencia o incluso apoyo velado de Washington a los golpistas. Solo después el presidente Ronald Reagan escribió a Leopoldo Calvo-Sotelo (quien pasaría a ser presidente tras los hechos) expresando confianza en su capacidad para enfrentar los desafíos y mantener la relación entre ambos países.

Los documentos también muestran detalles incómodos para la corona. Un informe del Cesid, fechado un año después del golpe, evidencia que hubo contactos entre la monarquía y dos militares sublevados para coordinar qué declararían en el juicio, de manera que la corona no saliera "lesionada del proceso". Años más tarde, Juan Carlos I terminó abdicando no por esos hechos, sino por un escándalo de evasión fiscal. Las tres balas que el coronel Tejero disparó aquella noche todavía pueden verse en el techo del hemiciclo. España, 45 años después, sigue mirando esos agujeros y releyendo los documentos de lo que pudo haber sido.