Las compañías que generan electricidad en Colombia tendrán que compartir más dinero con el Estado durante los próximos seis meses. El Gobierno acaba de ordenar que plantas hidroeléctricas y térmicas ubicadas en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó transfieran un 2% adicional de sus ventas brutas. Esa plata irá destinada a reparar los daños causados por la ola invernal que ha azotado estas regiones.

La decisión responde a una emergencia económica declarada oficialmente el año pasado. Según la ministra de Ambiente Irene Vélez, el dinero es urgente porque los ríos se salieron de cauce, arrasaron con infraestructuras y dañaron ecosistemas enteros. "Se trata de contribuciones a cargo de quienes utilizan recursos naturales en su actividad económica, como compensación a los territorios que asumen los costos ambientales de esa explotación", aclaró el Ministerio. En otras palabras: las empresas de energía usan el agua de esos ríos para producir electricidad, así que es justo que ayuden a restaurar lo que la naturaleza destruyó.

El Ministerio de Ambiente tendrá 15 días para publicar las reglas de juego sobre qué proyectos se financiarán primero. Los criterios serán la gravedad del daño, la urgencia de actuar, el impacto en la naturaleza y la equidad entre regiones. Las autoridades ambientales locales recibirán el dinero y lo ejecutarán con supervisión técnica del Ministerio para asegurar que no haya malversación.

Aquí viene lo delicado: las empresas generadoras están preocupadas. La presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, señaló en Blu Radio que "ese 2% adicional se le está entregando directamente al Ministerio del Medio Ambiente". El punto de fricción es que antes el dinero iba a las autoridades ambientales regionales, pero ahora toma un camino diferente. Para la industria, esto podría significar que alguien de fuera decida cómo y cuándo se usan los embalses, lo cual toca un nervio importante: la estabilidad del sistema eléctrico depende de manejar bien esa agua. Si el Ministerio prioriza proyectos ambientales sobre la generación de energía, podría haber racionamientos. Las empresas están evaluando si esta medida es legal y cuál será el costo real para sus operaciones.

El Gobierno aclara que esta no es una medida permanente ni un impuesto nuevo. Es transitoria, diseñada específicamente para esta emergencia. Tiene lógica: los ríos que alimentan las represas están dañados por las inundaciones, y si no se recuperan esas cuencas, dentro de unos años la capacidad de generar energía podría verse comprometida. Sin ese agua, no hay electricidad. Pero el detalle sobre quién controla el dinero y cómo se invierte sigue siendo un punto de tensión entre el Gobierno y el sector privado.