El empresariado colombiano salió a celebrar la decisión del Consejo de Estado de suspender el aumento del salario mínimo que había expedido el presidente Gustavo Petro. El Consejo Gremial Nacional, que representa los intereses de los empresarios, expresó su "pleno respeto y respaldo" a esta medida judicial, calificándola como una garantía importante para la seguridad jurídica del país.

Lo que pasó es que el tribunal de lo administrativo consideró que el Decreto 1469, expedido el 29 de diciembre de 2025, tenía suficientes indicios de ilegalidad como para suspender sus efectos. Este decreto había aumentado el salario mínimo en 23,7%. Empresarios y algunos sectores económicos habían interpuesto demandas buscando echar atrás esta decisión, argumentando que el Gobierno no siguió los procedimientos correctos.

El Consejo de Estado no solo paralizó el decreto, sino que también ordenó al Gobierno Nacional a emitir un nuevo acto administrativo, pero esta vez de forma temporal, dentro de exactamente ocho días. Esto significa que el Gobierno debe expedir un decreto transitorio fijando un nuevo aumento salarial mientras se resuelve de fondo el litigio. El Consejo Gremial enfatizó que cualquier nuevo acto debe cumplir estrictamente con la Constitución y con lo que dice la Ley 278 de 1996, que establece los pasos para fijar el salario mínimo.

El origen de esta crisis fue el fracaso de la negociación tripartita (Gobierno, empresarios y trabajadores) en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Como no llegaron a un acuerdo, el presidente Petro decidió fijar el salario mínimo por decreto presidencial, lo que ahora ha sido cuestionado legalmente. Para el bolsillo del trabajador promedio, esto significa que por ahora quedó en suspenso ese aumento de casi una cuarta parte del salario mínimo que había anunciado el Gobierno.